Universidad (Barcelona). Fachada principal
2. La segunda etapa, la de la prohibición expresa, abarca desde 1882 hasta 1887. Esta firme determinación de impedir el estudio de las mujeres se puso de manifiesto en la Real Orden de 16 de marzo de 1882, en la que el ministro de Fomento suspendía "en lo sucesivo la admisión de las Señoras a la Enseñanza Superior hasta tanto que se adopte una medida definitiva sobre el particular", aunque podían terminar la carrera las que ya la habían empezado. Pocos meses después, el 19 de octubre, una orden telegráfica restringía aún más las posibilidades de la mujer, pues le negaba el acceso a los estudios de Bachillerato, aunque permitía a las que ya tuvieran el título solicitar permiso para matricularse en la Universidad. El responsable de Fomento (ministerio al que estaba adscrita la Instrucción Pública) era Albareda, un hombre abierto a las ideas krausistas y al naciente influjo de la Institución Libre de Enseñanza. Lo más progresista que se podía ser entonces. De hecho restituyó inmediatamente en sus cátedras a Francisco Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate y Nicolás Salmerón.
En estos años, sin embargo, las mujeres aprovecharon bien las rendijas que la ley dejaba abiertas. En primer lugar, la prohibición para cursar el bachillerato apenas duró un año, pues enseguida hubo que empezar a atender en el Ministerio solicitudes de permiso, por parte de muchachas, para que les permitieran seguir estudios de educación secundaria. En consecuencia, otra Real Orden de 23 de septiembre de 1893 no tuvo más remedio que autorizar de nuevo la admisión de señoritas en dicho nivel de enseñanza; pero dejando claro que eso no significaba que tuvieran derecho a cursar después una carrera universitaria. Sin embargo, una vez terminaban el bachillerato, las mujeres presentaban nuevas instancias ante la autoridad educativa, solicitando el permiso para poder matricularse en la Universidad. No fueron muchas, pero llegaron a 11 en esta etapa. Entre 1882-83 y 1887-88 hubo cuatro mujeres en la Universidad de Barcelona; una en la de Granada; tres en Madrid, una de ellas en Doctorado; dos en Valencia y una en Valladolid.
A pesar del corto número, tal perseverancia en el logro de sus objetivos influyó probablemente en la decisión tomada por la Dirección General de Instrucción Pública en 1888.
3. Entramos así en la tercera etapa, la que se llama etapa de normativa con cautelas (1888-1910). En 1888, una Real Orden con fecha 11 de junio, admitía a las mujeres a todos los niveles educativos, aunque de forma limitada, como alumnas de enseñanza privada, y con necesidad de consulta a la Superioridad si alguna de ellas solicitaba matrícula oficial. Esta situación legal se prolongó hasta 1910. El 8 de marzo de ese año una Real Orden derogaba las disposiciones de 1888, estableciendo, por fin, la admisión de mujeres, sin limitación alguna, en todos los centros docentes, en enseñanza oficial o no oficial.
En el transcurso de estos casi 40 años de errática trayectoria legal, entre prohibiciones, cautelas, burocracias, papeleos y decisiones administrativas generalmente arbitrarias, un total de 77 mujeres consiguieron acceder a la Universidad en España. De ellas, 53 terminaron sus estudios y lograron el título de doctoras o licenciadas.