Las primeras elecciones fueron convocadas para el 15 de junio de 1977. La participación de la mujer fue muy escasa y de poca relevancia. En una población equilibrada casi al 50% entre varones y mujeres y con igualdad jurídica entre ambos, sólo 653 se presentaron como candidatas frente a los 5.019 hombres que lo hicieron. Eran pocas y fueron relegadas a los últimos puestos de las listas electorales, lo que suponía menor posibilidad de salir elegidas, ya que el sistema de elección se hacía por proporcionalidad. Donde se decidían los candidatos y el puesto que ocupaban en las listas, era en el seno de los partidos. Se deduce que las mujeres que formaban parte de ellos eran todavía pocas o bien tenían poco protagonismo, trabajaban de forma anónima, les faltaba ambición o tuvieron poco apoyo de sus compañeros. Sólo Izquierda Democrática, el partido dirigido por Joaquín Ruíz-Giménez, contaba con cuatro mujeres en su ejecutiva: Mary Salas, Mabel Pérez-Serrano, Soledad García Serrano y Carmen Delgado. Los partidos que presentaron a más mujeres fueron el PSOE y el PCE puesto que llevaban ya unos años existiendo y trabajando en la clandestinidad. Del PCE eran Dolores Ibárruri y Pilar Brabo, en el PSOE destacaba Carmen García Bloise. Los partidos centristas y de derechas, AP y UCD, precisamente los que iban a ser mayoritariamente elegidos, apenas habían tenido tiempo de formarse, por lo que fueron incorporando a las mujeres más lentamente. En Alianza Popular destacó María Victoria Fernández-España; en UCD Soledad Becerril y Carmela García-Moreno. El resultado de la combinación de todos estos factores, es que ellas apenas representaron un número importante en las listas electorales.

Los primeros programas electorales apenas trataron la problemática de la mujer, a excepción de los partidos de izquierda que resaltaban la discriminación que existía hacia ella y pedían acciones concretas que favoreciesen su inserción laboral. En general, todas las declaraciones de intenciones con respecto a la mujer giraban en torno a dos temas: familia y trabajo. En cuanto a éste último, todos los partidos propugnaban la igualdad con el varón, pero los partidos de izquierda lo hacían desde posiciones más radicales. La gran diferencia giraba en torno al planteamiento de la relación de la mujer y la familia. El PCE reclamaba el divorcio civil y el fomento de la planificación de los nacimientos. El PSOE defendía el matrimonio civil y la igualdad de derechos de los cónyuges, haciendo hincapié en la discriminación que la mujer sufría en el ámbito doméstico. Posturas moderadas fueron defendidas por la UCD. El partido centrista pedía la separación entre el matrimonio religioso y sus consecuencias civiles, se mostraba contrario al aborto y señalaba la necesidad de apoyo a la madre soltera. En cuanto a AP contemplaba la ayuda a la mujer a través de la que se aportaba a las necesidades de la familia: ayudas económicas de acuerdo con el nivel de vida, con el número de hijos, evitar las discriminaciones de familias, reconocimiento del trabajo de la mujer en el hogar, estimular los servicios de voluntariado social para resolver problemas familiares, promover estudios sobre las diferentes situaciones de las familias en el ámbito rural, con hijos discapacitados, etc.

Marcelino Camacho, Santiago Carrillo, Cristina Almeida y Ramón Tamames

El resultado electoral se saldó con 21 diputadas en el Congreso: diez eran del PSOE-PSUC, siete de UCD, tres del PCE y una de AP. Proporcionalmente, el partido que más mujeres había sacado fue el PCE y seguidamente los grupos socialistas de Cataluña. Del estudio de los resultados se desprenden algunas conclusiones interesantes. Una de ellas es que las mujeres elegidas en el Congreso fueron aquellas que se encontraban en circunscripciones con más de cinco escaños, lo que confirma que se encontraban situadas en el final de las listas electorales. También que las mujeres solían ser más jóvenes que los hombres y poseían en menor grado titulación universitaria: frente al 70% de los hombres, ellas eran universitarias el 47,61%. Su actividad parlamentaria se desarrolló principalmente en las Comisiones, de modo especial en aquellas que trataban temas como la situación los disminuidos físicos y mentales, etc., que se relacionaban tradicionalmente con tareas a las que ella se había dedicado. Por el contrario, desarrollaron menos labor en las Comisiones Permanentes.

En cuanto a la constitución del primer Senado, de los 350 senadores sólo seis fueron mujeres: dos por UCD, una por el PSOE, una por el CiD y dos por nombramiento real. Representaban un 2,41% del total. Esta llamativa distancia respecto al varón en las primeras elecciones, no está sin embargo en desacuerdo con lo que ocurría en otros países de fuerte tradición democrática: en los Estados Unidos, en aquellos años, no había ninguna mujer senadora. Suele esgrimirse como razón que explica esta situación, la desventaja de la imagen competitiva de la mujer en relación en comparación con la del hombre. A los ojos de los electores, la lucha no se presentaba como un combate de igual a igual. Sin embargo, de las presentadas, proporcionalmente tuvieron mayor posibilidad de ser elegidas porque en las listas electorales sólo estaban a aquellas que ofrecían éxito casi seguro de ser votadas.

El hecho es que la presencia de la mujer en la política era ya algo imparable. De aquellas primeras 653 candidatas a diputadas se pasó, a finales de siglo, a casi 9000. En cuanto su representación, en el Congreso se ha multiplicado por cuatro y en el Senado ha pasado de 6 a 54 escaños.