Comentario

El resurgimiento de las Hermandades coincide con una mayor importancia de las ciudades y de las Cortes, que no son, como ha pretendido la historiografía romántica, centros e instituciones democráticas. Los primitivos concejos castellanos, abiertos e igualitarios, han desaparecido entre los siglos XIII y XIV y en su lugar se ha creado una oligarquía de caballeros urbanos, de cuantía, de guisado... que dirige en exclusiva el municipio y no siempre en beneficio de todos sus habitantes; de la misma manera que se crean linajes nobiliarios, a los que nos referiremos más adelante, surgen también linajes y clanes urbanos y de ellos salen los dirigentes de los concejos y sus representantes en Cortes. Sus puntos de vista están muchas veces más cerca de los nobiliarios que de los ciudadanos y desde el momento en que las ciudades, en el siglo XV, caen bajo el control de la alta nobleza o de los oficiales del rey, el carácter representativo de los procuradores desaparece totalmente.
Por otro lado, es preciso recordar que no todas las ciudades son convocadas a Cortes; sólo las de realengo pueden asistir, y su número se reduce generalmente a diecisiete: Burgos, Toledo, León, Sevilla, Córdoba, Murcia, Jaén, Zamora, Toro, Salamanca, Segovia, Ávila, Valladolid, Soria, Cuenca, Madrid y Guadalajara; es decir, los concejos importantes creados en los siglos XI-XII a los que se añaden las capitales teóricas de los distintos reinos que integran la Corona: reinos de Castilla, León, Toledo, Sevilla, Córdoba, Murcia y Jaén. Ni una sola ciudad de Galicia, Asturias, Extremadura y País Vasco se halla representada en las "democráticas" Cortes castellanas de los siglos XIV-XV.

Sevilla es, sin duda, la ciudad más importante del reino en este período y su historia puede servir de ejemplo para conocer, con los matices correspondientes, la economía y organización social de las demás ciudades de Castilla: en su alfoz, con una extensión superior a la de la provincia actual, se dan el olivo, las higueras, el viñedo, los cereales, la morera, el algodón y la caña de azúcar; hay abundancia de pastos y bosques, de miel y de cera. En la ciudad predominan los caballeros del fuero, establecidos por el monarca en número de doscientos en el momento de la conquista para defender la ciudad y evitar la intromisión de la alta nobleza; a estos hidalgos se unen los caballeros de merced, título al que acceden quienes disponen de medios para comprar caballo y armas, y a estos grupos pertenecen en el siglo XV los veinticuatro, los regidores de la ciudad.

Al igual que en la mayor parte de las ciudades castellanas, el gran comercio está en manos de extranjeros, genoveses especialmente, que actúan también como banqueros y prestamistas del rey, del concejo y de los particulares. El barrio del mar tiene una gran importancia económica y militar: junto a marinos, carpinteros y calafates viven en él los pescadores, agrupados en una cofradía con fuero, alcaldes, escribanos y alguacil propio. El mercado urbano está plenamente organizado: se regulan pesos y medidas de acuerdo con los patrones custodiados por los fieles o jurados, a los que incumben igualmente las tareas de inspeccionar la fabricación del pan, fijar los precios de los artículos vendidos a peso, destruir los productos de mala calidad...; ellos controlan la importación del vino, hacen cumplir las leyes suntuarias, entienden en los pleitos sobre rentas, vigilan que los caballeros de cuantía tengan los caballos y armas a que están obligados por los ordenamientos reales...

La Hacienda municipal está dirigida por los mayordomos, uno del grupo de los hidalgos y otro de los caballeros de merced. Normalmente, por falta de personal capacitado y sobre todo por la necesidad de cobrar a fecha fija, las rentas y algunos cargos se arriendan al mejor postor aunque a las pujas no pueden acudir, ni directamente ni por persona interpuesta, los alcaldes, el alguacil, los veinticuatro, los jurados... pues si ellos participaran "no osarían otras personas algunas hablar en ellas po lo cual dichas rentas no llegarían al precio que debían"; la insistencia de los reyes en que se cumplan estas normas es prueba evidente de su incumplimiento.

Los ingresos municipales, procedentes del arriendo de hornos, almacenes, carnicerías, tabernas, molinos..., de los derechos de pastos, del cobro de impuestos sobre el consumo o la circulación de vino, sal, carne, pan, aceite, pescado, fruta... eran insuficientes para atender a los gastos de la ciudad -lo mismo puede afirmarse de otros muchos municipios- y desde fines del siglo XIV se hace preciso recurrir continuamente al crédito que en muchas ocasiones sirve para pagar los intereses o el capital de préstamos anteriores. Generalmente, como garantía del reembolso, los acreedores de la ciudad figuran también como arrendadores o recaudadores de las rentas municipales. En el siglo XV, los veinticuatro, los regidores del municipio sevillano, tienen el cargo con carácter hereditario pues pueden trasmitirlo a sus hijos y parientes; simultáneamente a esta transformación, que supone la existencia de una nobleza local cerrada, se produce una alianza de estos nobles con la alta nobleza del reino (se hacen vasallos y reciben de ellos salario o acortamientos) y con ella se dividen en bandos continuamente enfrentados, bandos cuyo origen es suficientemente conocido.

En principio, todos los vecinos tienen la obligación de ir al fonsado, de participar en la defensa del territorio; en la práctica, el campesino no abandona la tierra salvo en casos de extrema gravedad y con el tiempo se le libera de la obligación militar, se sustituye ésta, el fonsado, por el pago de un impuesto, fonsadera, y se encomienda la defensa y ampliación del territorio a quienes pueden combatir a caballo, que son los más ricos debido al alto precio de caballo y armas. El servicio a caballo es una obligación para quien posee un cierto nivel económico y se compensa este sacrificio con privilegios como la exención de determinados impuestos y una mayor consideración social: los miembros de esta caballería popular o villana serán los representantes naturales de los concejos ante el rey, en sus relaciones con otros concejos o en el interior de cada villa o ciudad. La práctica de la guerra y la ganadería son las bases de la economía y del prestigio de estos caballeros que, naturalmente, poseen también tierras de cereal o de viñedo como los demás vecinos del concejo.

El alejamiento de la frontera y la pacificación del territorio obliga a los caballeros a buscar nuevos ingresos si quieren mantener su nivel de vida y la consideración social de sus vecinos, y los obtendrán incrementando su dedicación a la ganadería y en la ocupación de los cargos concejiles a través de los cuales pueden favorecer sus intereses personales y de grupo. Este proceso de adaptación es paralelo y simultáneo al realizado por la nobleza de sangre a la que vemos copar o intentar acaparar los cargos de la corte, exigir al rey mayores cuantías por su servicio militar y conseguir privilegios para el ganado trashumante cuya lana se ha convertido en el principal artículo de exportación, en una de las fuentes más importantes de ingresos gracias a la cual nobles, caballeros villanos y clérigos pueden adquirir los productos europeos existentes en el mercado.

La adquisición de nuevas tierras y privilegios resuelve momentáneamente la situación, pero a medio y largo plazo hay siempre un desfase entre ingresos y gastos y la posición socialmente privilegiada de caballeros y nobles se ve amenazada por mercaderes y juristas que disponen de medios económicos o de influencia para adquirir productos tradicionalmente reservados a los nobles, por ser éstos los únicos que disponían de medios para adquirirlos. Las leyes suntuarias y de posturas o tasas repetidas desde los años de Alfonso X pretenden poner freno a los gastos excesivos y diferenciar a los distintos grupos a través de los signos externos, pero ni la fijación de precios impide el alza de éstos ni las leyes suntuarias evitan que quien tiene medios económicos adquiera cuanto le ofrece el mercado.

Para mantener su posición social y su nivel de vida, nobles y caballeros necesitan aumentar continuamente sus ingresos: sirviendo al rey o a los concejos u oponiéndose a quienes ocupan los cargos, con la intención de sustituirlos. Surgen así los enfrentamientos entre grupos nobiliarios y entre bandos concejiles, que adquieren mayor virulencia en los momentos de debilidad de la monarquía, es decir, en los años finales del siglo XIII y primeros del XIV (sublevación de Sancho IV contra Alfonso X y minorías de Fernando IV y Alfonso XI), a mediados de este siglo (guerra civil entre los partidarios de Pedro el Cruel y los seguidores de Enrique de Trastámara), años finales del mismo siglo (derrota de los ejércitos castellanos ante los portugueses) y segunda mitad del siglo XV (revueltas nobiliarias contra Enrique IV, guerra civil entre Isabel la Católica y Juana la Beltraneja).

Las actas de las Cortes y las crónicas de 1282-1325 se hacen eco de esta situación de anarquía y enfrentamientos por el poder a los que responden las ciudades creando hermandades político-defensivas de ámbito nacional, comarcal o local: Hermandad de los reinos de León y Galicia en 1283, Hermandad de los reinos de Castilla, León, Galicia, Extremadura, Toledo y Andalucía en 1284, Hermandad de los concejos de Salamanca, Alba y Zamora en 1295; Hermandad, en 1313, de los concejos de León, Zamora, Salamanca, Benavente, Alba, Ledesma, Villalpando, Olmedo, Granadilla, Sayago, Mayorga y Astorga..., o el acuerdo de este mismo año por el que los concejos de Ledesma y Salamanca se autorizan mutuamente a penetrar en el territorio del otro para perseguir a los malhechores, medida con la que se adelantan más de treinta años a las decisiones de las Cortes de 1351.

Al llegar a su mayoría de edad, Alfonso XI se apoyó en uno de los grupos nobiliarios enfrentados y neutralizó a los demás al quitarles toda posible ayuda exterior gracias a sus alianzas con Aragón y Portugal; la misma política sigue en los concejos según puede observarse en el caso salmantino: con motivo de la celebración de su matrimonio con María de Portugal, Alfonso XI pasó por Ciudad Rodrigo y allí agradeció al dirigente de uno de los bandos, Garci-López, los servicios prestados concediéndole la mitad de los regimientos de la ciudad y con ellos la mitad de los cargos menores del concejo. Poco más tarde, siguiendo en el plano local la política de conciliación practicada en el ámbito nacional, concedió a otro de los linajes, el de los Pacheco, la otra mitad de los regimientos. Garci-López y Pachecos gobernarán juntos cuando el rey tiene suficiente poder para controlarlos y se enfrentarán entre sí durante la guerra civil entre Pedro I y Enrique II o en los años posteriores a Aljubarrota, y la misma situación se observa en el concejo de Salamanca dividido entre los bandos de San Martín y San Benito a los que se refiere Juan I en un documento de 1390 redactado a petición de los escuderos, hombres buenos y pecheros de la ciudad, que se quejaron de la injusta distribución de los impuestos hecha por mayordomos y regidores, cargando a unos y aliviando a otros según el bando que en ese momento tuviera el poder.

Tras múltiples discusiones y enfrentamientos se llegó a un acuerdo similar al que puede verse en otros lugares: cada año se nombrarían dos mayordomos, uno del linaje de San Benito y otro del de San Martín, entre los que se dividirían a partes iguales los regimientos. Los regidores de cada bando nombrarían a los cargos menores con la única limitación de no autonombrarse ni dar los cargos a sus familiares o a menores de veinticinco años, salvo que estuvieran casados. La ordenanza de Sotosalbos no puso fin a los enfrentamientos y en 1401 Enrique III encargó a representantes de ambos bandos el reparto por sorteo de los oficios entre miembros de ambas parcialidades; la confirmación de estas disposiciones en 1437, 1440, 1483 y 1496 puede indicar su vigencia y también su incumplimiento sistemático cada vez que las circunstancias lo permitieron.

Las disputas entre bandos favorecen la usurpación de tierras concejiles por miembros de la aristocracia salmantina contra los que nada hacen los regidores por falta de acuerdo entre ellos, según un documento de 1453 que alude a situaciones que se arrastran desde, al menos, veinte años y que en más de una ocasión desembocan en muertes violentas entre los miembros de los bandos, a los que no es ajena la Universidad según reconocen las Cortes de 1462, en las que se plantea la necesidad de que profesores y estudiantes se mantengan al margen de las luchas: "los profesores ni rigen dichas cátedras ni las leen y los estudiantes se distraen de sus estudios... gastando en los dichos bandos aquello que debían gastar en la adquisición de la ciencia e en las cosas a ella necesarias".

La neutralidad no se conseguirá con la suspensión de sueldo para los catedráticos que se impliquen en la lucha ni a través de la expulsión de la Universidad y el destierro para los estudiantes, y de poco servirá obligar a maestrescuela, rector y consiliarios a prestar juramento de no ser de bando; el monarca contribuirá a agravar la situación al quitar la escribanía del Estudio a Alfonso Maldonado y darla a perpetuidad a uno de sus enemigos "en remuneración de los muchos, buenos y leales servicios que me habéis hecho y me hacéis cada día" o al entregar la ciudad de Salamanca al conde de Alba, contra el que "seyendo amigos de su libertad" harán frente común benitistas y martinistas para, una vez expulsado el conde, volver a las peleas. La división se agrava al morir Enrique IV y dividirse la gran nobleza entre los partidarios de Isabel y de Juana, cada una de las cuales tiene sus fieles en uno de los bandos de esta y de las demás ciudades castellanas.

Los bandos salmantinos toman partido o son utilizados por los nobles: el duque de Arévalo y Plasencia cuenta con los caballeros de San Martín, y el de Alba se apoya en los de San Benito, que conseguirán la confiscación de los bienes, retirada de los cargos y el destierro de sus enemigos, cuya ausencia -la de los más significados al menos- facilita la concordia de 1476 firmada por veintidós caballeros de los que dieciocho pertenecen al bando de San Benito. Las declaraciones de amistad y ayuda mutua de poco sirven en una sociedad en la que se llega a desheredar al pariente que cambie de bando y en la que todo es válido contra el enemigo: los de Santo Tomé se oponen a que Diego de Anaya cobre la pena que se imponía a las mujeres que vivían con clérigos porque, dicen, utilizará tal derecho "con intención y ánimo de fatigar y vejar a las personas del bando de Santo Tomé", acusación que se hace inteligible si se tiene en cuenta que el beneficiado por esta merced podía cobrar las multas sin intervención de la justicia y que la acusación, basada o no, de convivir con un clérigo era suficiente para crear mala fama y obligaba a muchas a pagar, para que su nombre no saliera a relucir... A estos problemas tendrán que hacer frente los Reyes Católicos para hacer gobernable el reino, y sólo podrán conseguirlo después de dominar a la gran nobleza con la que están relacionados los bandos concejiles.