Comentario

La invasión napoleónica en la Península Ibérica fue el verdadero catalizador de los sucesos que ocurrieron en América entre 1808 y 1825. La defenestración de Carlos IV y Fernando VII dejó una sensación de vacío de poder que afectó profundamente a las colonias. En ellas se intentaría imitar a las juntas provinciales surgidas en la Península, aunque las motivaciones para hacerlo no fueron siempre las mismas. En España, la primera junta se constituyó en Oviedo el 25 de mayo de 1808 y luego fue seguida por otras, hasta que el 25 de septiembre iniciaron las actividades de la Junta Central, en Aranjuez. En América, durante 1809 se constituyeron juntas en La Paz (16 de julio), Quito (9 de agosto) y Colombia (10 de agosto). Los distintos grupos dirigentes desconfiaban entre sí y algunos se apresuraron a dar el golpe con la intención de consolidar sus posiciones y todos los ensayos que se realizaron durante 1808 invocaron el respeto al orden establecido. Se abrió un ciclo en el cual los distintos poderes locales compitieron entre sí por el control de la jurisdicción. Aquí fue donde los grandes cuerpos legislativos y corporativos (audiencias, consulados) intentaron legitimar lo actuado en base a su autoridad, a la vez que trataron de aprovechar la coyuntura para consolidar su situación y solventar viejas disputas con otros grupos locales con los cuales compartían el poder. En este contexto se produjo la presencia en Río de Janeiro, adonde acudió en busca de refugio la corte portuguesa, de la infanta Carlota Joaquina, hermana de Fernando VII y esposa del regente de Portugal. La infanta, ávida de hacerse con el trono de España por el cautiverio de su padre y de su hermano, intrigó ante las distintas autoridades coloniales, especialmente en el Río de la Plata y el Alto Perú, presentándose como la mejor alternativa (de cualquier signo) en esa situación de vacío de poder. Los sucesos ocurridos en la Península repercutieron rápidamente en la vida política de las colonias. En todos lados se produjeron movimientos destinados a consolidar a determinadas autoridades o desplazar a aquellas hacia las que el descontento era mayor. Posteriormente estos hechos fueron analizados en términos de enfrentamientos entre criollos y peninsulares, aunque las divisiones entre los distintos grupos, generalmente en el interior de las élites, solían responder a cuestiones estrictamente locales, sin que hubiera un hilo conductor presente en la mayoría de las colonias. Esto explica por qué en determinados lugares las juntas fueron impulsadas por los criollos y en otros por los peninsulares, pero en todos los casos unos y otros proclamaban su fidelidad al rey. En México, lo que se conocería como partido peninsular reaccionó frente al virrey José de Iturrigaray, que según ellos se apoyaba demasiado en el cabildo de la capital, de predominio criollo y que con su colaboración organizó una junta que gobernaba en nombre del cautivo Fernando VII, como la Junta de Sevilla. Un golpe, el 15 de septiembre de 1808, reemplazó al virrey y la Audiencia reconoció inmediatamente el cambio. En Buenos Aires, la posición del virrey, Santiago de Liniers, era cada vez más delicada dado su origen francés. El cabildo, dominado por los peninsulares, intentó derrocarlo a principios de 1809, pero las milicias locales lo respaldaron. En Montevideo, la guarnición naval compuesta mayoritariamente por oficiales españoles desconoció la autoridad del virrey y en su lugar estableció una junta que pretendía gobernar el virreinato, pero su influencia no pasó de la órbita local. En Chile, fueron los criollos los que impulsaron la nominación del coronel Francisco García Carrasco como gobernador interino, pese a la oposición de la Audiencia. Supieron aprovechar muy bien la oportunidad y cambiaron la composición del cabildo, incorporando a partidarios de sus posiciones. El respeto por la integridad del Imperio comenzó a perderse en 1809 y algunos de los hechos de ese año rozaron abiertamente la rebelión. Los efectos del mensaje de la infanta Carlota llegaron a la dividida Audiencia de Charcas, cuyo presidente fue captado a su causa. Los oidores impulsaron una junta, que gobernaría en nombre del rey. Simultáneamente algunos grupos mestizos se rebelaron en La Paz, amenazando aún más el orden establecido. Los virreyes de Buenos Aires y Lima enviaron tropas para sofocar la rebelión, tarea en la que sobresalió José Manuel de Goyeneche, un rico criollo arequipeño recién retornado de España, que posteriormente mandaría el ejército realista peruano. El presidente de la Audiencia de Quito, que también era el intendente, fue depuesto en agosto de 1809 por una conspiración oligárquica. El marqués de Selva Alegre encabezó una junta que si bien gobernó en nombre del rey fue relevado al año siguiente por tropas enviadas por el virrey de Nueva Granada y los líderes del movimiento fueron ejecutados. La dureza en la represión de las sublevaciones es una clara señal de la radicalización de los enfrentamientos y de que se estaba creando un clima para posturas mucho más duras (o revolucionarias).