Comentario

La apertura de las economías latinoamericanas tuvo importantes repercusiones sociales, que afectaron especialmente a los estratos más bajos de la población, como eran los indios y los negros. Pero también los privilegios de algunas corporaciones fueron barridos por el principio de la igualdad de los individuos ante la ley, siendo éste el caso de los gremios de artesanos y de los mineros. Las dos mayores corporaciones existentes, la Iglesia y los militares, vieron como desaparecían los fueros militar y eclesiástico, aunque llegarían hasta nuestros días conservando buena parte de sus privilegios, si bien atravesaron momentos de gran debilidad. Algunas instituciones eclesiásticas (fiestas religiosas, pago de diezmos, censos, propiedades y manos muertas, etc.) eran contradictorias con los principios del liberalismo económico y llevaron a que muchos gobiernos avanzaran sobre las posiciones de la iglesia. La aplicación de políticas liberales antieclesiásticas se vio favorecida por la negativa del Vaticano a reconocer a los nuevos Estados, en consonancia con la postura seguida por España en la misma materia.La esclavitud había retrocedido de forma creciente, salvo en Brasil y Cuba, ante el avance paralelo del trabajo asalariado y a mediados del siglo comenzaría a ser liquidada definitivamente. El último país hispanoamericano en abolir la esclavitud fue Paraguay, en 1870, aunque se trataba de una medida testimonial, ante la falta de vigencia del trabajo esclavo. En Cuba, que seguía manteniendo sus lazos coloniales, seguían estimando que la esclavitud era vital para la producción azucarera, aunque ya se planteaban serios problemas para garantizar el abastecimiento de mano de obra a las plantaciones. La falta de trabajadores se intentó paliar con la inmigración de indios de Yucatán, coolies chinos o campesinos gallegos y canarios. Durante la Guerra de los Diez Años, los dos bandos en pugna ofrecieron la libertad a quienes se enrolaban en sus filas. A partir de 1870, con la ley Moret, comenzaría el derrumbe definitivo de la esclavitud en Cuba, que recibiría su punto final en 1886.Al mismo tiempo que se acababa con la esclavitud, se intentaba desmantelar las bases de las propiedades de las comunidades indígenas. La concepción liberal, presente en casi todos los países, estimaba que la propiedad comunal y la existencia de privilegios corporativos eran contradictorios con los principios individualistas que debían imperar. Estas posturas estaban respaldadas por los deseos de los terratenientes y de otros sectores sociales de ampliar el mercado de tierras con las propiedades indígenas, de modo que los indios, convertidos en ciudadanos y propietarios individuales, iban a estar más indefensos ante el resto de la sociedad.El régimen colombiano, de signo liberal, manumitió a los esclavos en 1850 y para acabar con los privilegios corporativos también liquidó buena parte de las prerrogativas de las comunidades indígenas, especialmente en lo tocante a la propiedad de sus tierras. En Perú, en 1854 se abolió la esclavitud, al igual que en Venezuela. En Bolivia, durante el gobierno de Mariano Melgarejo, se sometió a las comunidades indígenas a un gran despojo y en 1866, fueron expropiadas la mayor parte de sus tierras ante los apuros financieros del Estado. Dos años más tarde la totalidad de las tierras comunitarias se declaró de propiedad estatal, al tiempo que se abolía el tributo indígena, que fue rápidamente restablecido como una contribución personal. Pese a las previsiones, no se trató de un buen negocio para el Estado, pero sí para los particulares que habían comprado tierras. Las protestas indígenas fueron contundentes y en 1869 y en los dos años siguientes se produjeron serios alzamientos, dirigidos por Santos Willca. El ataque contra las comunidades respondía al deseo de quedarse con las tierras indígenas, pero también a la necesidad de ir creando un mercado de trabajo, ante la creciente demanda de unas economías en expansión. A mediados de siglo vivían en las comunidades bolivianas cerca de 620.000 indios, lo que suponía el 51 por ciento de la población rural. La pérdida de sus propiedades estimuló el proceso migratorio dirigido a las principales ciudades, que se aceleraría con el nuevo siglo.En México, la ley Lerdo, de 1856, que inicialmente iba contra la Iglesia y las órdenes religiosas, también afectó seriamente a las propiedades comunitarias, al igual que otras leyes de la Reforma liberal, pero cuyos efectos no se dejaron sentir hasta el porfiriato.