Comentario

Uno de los primeros problemas que tuvo que afrontar la República fue el de la organización del Estado, planteado sin remilgos por los catalanistas desde el mismo 14 de abril. Los firmantes del Pacto de San Sebastián habían contraído el compromiso de dar una solución jurídica al problema catalán mediante el reconocimiento de un órgano de gobierno regional, cuya naturaleza y competencias serían delimitadas por un Estatuto de Autonomía aprobado por las Cortes. Se pactó, pues, un autogobierno limitado y no la autodeterminación, y así fue aceptado incluso por aquellos dirigentes de la Conjunción menos proclives al catalanismo. Pero el Pacto no se pronunciaba claramente sobre la futura estructura, federal o unitaria, del Estado republicano, y ello acarrearía no pocos problemas.
La creación en marzo de 1931 de la Esquerra Republicana (ERC), que aglutinó a los sectores catalanistas más radicales, reforzó en ellos la creencia de que un federalismo que reconociera la singularidad del hecho diferencial catalán era la salida lógica a una ruptura democrática del Estado unitario de la Restauración. Las elecciones del 12 de abril sirvieron para sentar las bases de la hegemonía política de ERC frente a la Lliga y a los restantes grupos políticos de la región. El día 14, el dirigente de la Esquerra, Francesc Maciá, firmaba una proclama oficial: "Interpretando el sentimiento y los anhelos del pueblo que nos acaba de dar su sufragio, proclamo la República Catalana como Estado integrante de la Federación Ibérica. De acuerdo con el Presidente de la República Federal Española, señor Alcalá Zamora, con el cual hemos ratificado los acuerdos tomados en el pacto de San Sebastián, asumo provisionalmente las funciones de Presidente del Gobierno de Cataluña (...)". Investido de esta función, el día 16 formó Maciá un Gobierno de coalición y procedió a nombrar autoridades gubernativas. La iniciativa, que suponía la autoproclamación de un Poder Ejecutivo al margen de las estructuras estatales, constituía de hecho una transgresión de los acuerdos del año anterior, máxime cuando aún no se habían reunido las Cortes Constituyentes, que tendrían la decisión última sobre la forma del Estado.

A la inicial descalificación de la actuación de los catalanistas por parte del Gobierno, siguió un acercamiento de las posturas. El 17 de abril viajaron a Barcelona varios ministros, quienes negociaron un plan para acelerar el acceso de la región a la autonomía. Los nacionalistas desistieron de sacar adelante una República y un Gobierno catalanes a cambio de la reaparición de una vieja institución de gobierno, la Generalidad, a la que se traspasaban provisionalmente las competencias de las diputaciones provinciales, y de la ratificación por las Cortes Constituyentes de un Estatuto que sería elaborado por las fuerzas políticas regionales y aprobado en referéndum por los ciudadanos españoles censados en las cuatro provincias catalanas. El 21 de abril, un Decreto del Gobierno republicano daba existencia legal al equipo de Maciá como Consejo provisional de la Generalidad, integrado en el marco de las instituciones del Estado. Se iniciaba con ello un proceso que debería concluir con la aprobación del Estatuto de autonomía regional por las Cortes españolas y el paulatino traspaso de competencias estatales a la Administración autonómica.