Comentario

Los Borbones trataron de reformar Hispanoamérica tal como lo habían hecho en España, pero bajo una perspectiva esencialmente diferente. En la Península trataron de unificar y centralizar, derribando las barreras diferenciadoras que existían entre sus reinos. En América trataron de dividir y descentralizar, vinculando las colonias a la metrópoli para su mejor explotación. Destruyeron así el sistema de los dos grandes virreinatos que integraban federativamente a los reinos, creando otros dos. A esto añadieron cuatro capitanías generales casi autónomas. Subdividieron, además, todo esto en intendencias, que resultaron verdaderas islas administradas por Intendentes que dependían más de las autoridades peninsulares que de las americanas. La administración indiana sufrió un enorme impacto al chocar en ella el modelo afrancesado con el de los Austrias. La situación se volvió especialmente compleja ya que no se desmanteló la existente, surgiendo una extraña convivencia de ambas, que originó infinidad de conflictos de índole institucional. El problema se agravó por el hecho de que las reformas fueron imponiéndose lentamente, ensayándolas en algunos territorios antes de imponerlas a la totalidad de Hispanoamérica, lo que provocó circunstancias administrativas peculiares en cada colonia.
En lo que respecta a la administración colonial realizada desde España, colisionaron el sistema francés de las Secretarías con el tradicional del Consejo de Indias. Las Secretarías o ministerios (Estado, Marina, Guerra, Hacienda, Gracia y Justicia), creadas en 1714, administraban problemas homogéneos de distintos reinos, mientras que los Consejos administraban problemas heterogéneos de cada reino (Castilla, Aragón, Indias). Los asuntos indianos quedaron al principio en la Secretaria de Marina e Indias, quedando el Consejo como órgano consultivo de la misma. Fernando VI empezó a comprender la necesidad de tener un organismo especializado en los problemas americanos, desvinculando la Secretaria de indias de la de Marina (1754). Su sucesor Carlos III fue aún más lejos, creando dos Secretarías del Despacho de Indias (1787): una para los asuntos eclesiásticos y de gracia y justicia, y otra para guerra, hacienda, comercio y navegación, que ostentaron Arriaga y Valdés respectivamente. Poco duró el cambio, pues Carlos IV suprimió ambas Secretarías (1790), volviendo al sistema francés de las cinco Secretarías y diluyendo los problemas de indias en cada una de ellas. Para coordinar las distintas secretarías se creó el Consejo de Estado, primero con carácter irregular a partir de 1777, y luego con carácter institucional a partir de 1787. Todas estos cambios demostraron, en definitiva, el interés por centralizar los problemas coloniales dentro de los metropolitanos pese a la dificultad que ello implicaba.

En cuanto a la administración en las Indias, se realizaron reformas con objeto de reestructurar mejor la defensa de Hispanoamérica frente a los ataques extranjeros, evitar la corrupción administrativa y quitar a los criollos el enorme poder que habían adquirido. Comprendieron reformas de índole político-militar y de justicia. En 1717, se creó el virreinato del Nuevo Reino de Granada con los territorios norandinos (Nueva Granada, Venezuela, Quito y Panamá), que se suprimió luego y que finalmente se estableció con carácter definitivo en 1739, cuando la guerra de la Oreja demostró el interés británico por la zona (invasiones de Vernon a Portobelo y Cartagena). Esto motivó que los gobernadores de Caracas, Cartagena y Panamá recibieran el título de Comandantes Generales, para estar sometidos a la autoridad del nuevo Virrey. Más tarde (1754), el gobernador de Honduras quedó igualmente con título de Comandante y subordinado al Capitán General de Guatemala. El cuarto y último virreinato se creó en 1776 y fue el del Río de la Plata, con objeto de contener la presión brasileña sobre el Paraguay y la Banda Oriental, y la inglesa sobre las Malvinas. Ese mismo año, se formó la Comandancia de las Provincias Internas con las provincias septentrionales de México, para detener la penetración por el norte. Al año siguiente, se creó la Capitanía General de Venezuela, desglosada del virreinato santafereño, y a continuación la de Chile.

La administración de la Justicia tuvo una reforma substancial. En el aspecto formal, cabe señalar la supresión de la Audiencia de Panamá en 1751 y la creación de las de Caracas (1783) y Cuzco (1787), pero lo sustancial fue su moralización y su españolización. Lo primero se intentó a partir de 1776, cuando se creó el cargo de Regente de Audiencia para que vigilase la actuación de la justicia regional. Los nombramientos recayeron en buenos juristas y se procuró crear una carrera jurídica en Indias, premiando a los mejores funcionarios. Más significativo fue la españolización de la institución mediante el nombramiento preferencial de peninsulares. Los criollos siguieron controlando las Audiencias hasta 1750. Así, fueron criollos el 52% de los 102 funcionarios nombrados para dichas instituciones entre 1730 y 1750, pero su plataforma de acceso, que era la compra de los cargos, se desvaneció entonces, cuando la Corona empezó a nombrar peninsulares para las nuevas vacantes. Entre 1751 y 1777, los criollos sólo tuvieron 12 de los 102 cargos que vacaron. En el período comprendido entre 1778 a 1808 detentaron el 30% de dichos empleos. A esto obedecía la animosidad criolla hacia las Audiencias a fines de la época colonial. Pieza esencial de la administración colonial borbónica fue también la creación de las Intendencias, que veremos en el apartado de Real Hacienda.

La administración provincial siguió en manos de los corregidores, lo que originó infinidad de problemas, y la municipal en la de los Cabildos, todos ellos dominados por los criollos. De aquí la pugna institucional Cabildos versus Audiencias. A fines del siglo XVIII, las autoridades españolas intentaron varias fórmulas para menoscabar el poder criollo municipal, como el nombramiento de alcaldes de barrio (para lo que elegían a peninsulares) o regidores añales (por un año), con objeto de obtener mayoría en los acuerdos de los cabildos. En los municipios se vivía una verdadera lucha por el poder. Los Cabildos se transformaron en la oposición a la autoridad peninsular a fines del régimen colonial. En cuanto a la corrupción administrativa, no pudo ser suprimida totalmente, ya que los bajos sueldos de los funcionarios medios les hacía muy vulnerables al soborno y al cohecho. Aumentaba, además, a medida que los funcionarios ejercían en lugares más lejanos de la capital.

Los mecanismos de control de la burocracia siguieron siendo los mismos: visitas y juicios de residencia (reglamentados en 1799). Hubo también grandes visitas, como la de Gálvez al virreinato de la Nueva España, de la que surgieron luego la de Areche al Perú, Gutiérrez de Piñeres al Nuevo Reino de Granada y León Pizarro a Quito.