Comentario
Constituyó una de las grandes preocupaciones de la centuria y se estuvo tratando de mejorarla desde el reinado de Felipe V, pero no adquirió sus perfiles definitivos hasta el de Carlos IV. Carlos III fue el gran impulsor de la misma, contando con la colaboración de su ministro José de Gálvez. Comprendió la racionalización de los impuestos, la estructuración de las rentas estancadas y la administración de las Intendencias.
La estructura fiscal de los Austrias había motivado un auténtico caos desde el punto de vista administrativo. Algunos reinos pagaban impuestos diferentes a los de otros, bajo denominaciones distintas y hasta con tasas impositivas desemejantes, lo que hacía imposible su control desde España. Se empezaron a unificar en México y luego en toda Hispanoamérica a partir de 1777, imponiéndose nuevos gravámenes y reajustándose o subiéndose otros ya existentes. También se crearon aduanas y hasta direcciones generales de rentas. Las reformas pusieron en marcha los movimientos antifiscales del Perú (entre ellos el de Túpac Amaru), Quito y Nuevo Reino de Granada (los comuneros).
Las rentas estancadas fueron otra pieza esencial. La Corona asumió el monopolio de determinados renglones (tabaco, aguardiente, pólvora, sal y naipes) de gran rentabilidad (algunos estaban anteriormente arrendados a particulares), imponiendo a los productores precios de compra (incluso señalando los lugares donde debían producirse), realizando el semiprocesado de los artículos (fábricas reales) y distribuyéndolos finalmente a un precio único por medio de los funcionarios reales. Los estancos fueron otro detonante en los movimientos antifiscales antes citados, de principios de los años ochenta. En algunos territorios como Quito las rentas estancadas suponían más de la mitad de todos los ingresos. En Venezuela llegaron a monopolizar casi todo el circulante que existía.
Las Intendencias completaron la reforma. Siguiendo el modelo francés ya experimentado en España se crearon en América las Intendencias de Ejército y Real Hacienda, dirigidas por unos funcionarios eficaces (siempre peninsulares) que supervisaran la recaudación de los impuestos de la Hacienda Real y controlaran los gastos militares. Tenían además funciones policiales en materia económica y hasta intervenían en pleitos suscitados por apresamientos de contrabando. Cada Intendente rendía cuentas a su Superintendente virreinal y éste lo hacía al Ministro de Indias en Madrid, pero con el transcurso del tiempo terminaron por depender directamente de la Secretaría de Hacienda de Madrid. El Superintendente reunía semanalmente a la Junta Superior de Real Hacienda (formada por el regente, el fiscal y un oidor, decano del tribunal de cuentas, y el contador mayor). En cada provincia el Intendente presidía semanalmente una junta de Gobierno, formada por los principales funcionarios del erario, para examinar la marcha administrativa. A nadie se le ocultó lo peligroso de crear estos funcionarios, cuyas atribuciones colisionaban con las de las autoridades virreinales (el virrey Revillagigedo de México denunció lo improcedente de su posible implantación en 1746), gubernativas, militares y hasta jurídicas, por lo que se procedió con pies de plomo, ensayando los resultados. La primera intendencia se creó en Cuba el año 1765, haciéndose luego lo mismo en Louisiana y Venezuela (1776). Más tarde, siguieron las del virreinato del Río de la Plata (1783), el Perú (1784), Nueva España (1786), etc. Toda Hispanoamérica, incluida Filipinas, tuvieron intendencias, excepto un virreinato, el neogranadino, donde el virrey Caballero y Góngora desaconsejó su creación después de vivir el levantamiento comunero (sólo se fundó la de Cuenca, al sur de Quito).
La reforma logró el milagro de duplicar los ingresos reales. México subió de 3 millones de pesos en 1700 a 6 en 1765 y a unos 20 millones en la década de los ochenta. La mitad de sus ingresos procedían de los impuestos en la producción de plata (4,5 millones), el monopolio de tabaco (4 millones) y el tributo indígena (1 millón). El 30% de su ingreso iba destinado a sostener la propia estructura fiscal. Los gastos de defensa y administración se llevaban otro 20%. A fines del XVIII, Perú ingresaba 5 millones anuales, de los que el 25% procedían de la minería y el 20% del tributo de indios. La media del virreinato de Buenos Aires era de 3,5 millones de pesos, procedentes principalmente de aduanas, impuestos sobre minería y tributo de indios. El del Nuevo Reino de Granada era de 4,7 millones, procedentes de aduanas (1,3 millones) y tabaco (1 millón). El tributo indígena era únicamente de unos 200.000 pesos. Esta presión fiscal repercutió desfavorablemente en toda Hispanoamérica en vísperas de la independencia.