Comentario
Las mutuas suspicacias y recelos llevaron al príncipe de Viana a recibir emisarios de Enrique IV de Castilla, enemigo de Juan II, que le ofrecieron una alianza, y aunque Carlos declinó el ofrecimiento, los contactos fueron suficientes para que su padre le hiciera sospechoso de traición y le detuviera (1460). Fue un acto irreflexivo, que vulneraba las constituciones, y que se llevó a cabo en el momento más inoportuno: justamente cuando el monarca se reunía con los estamentos catalanes en Cortes (Lérida, 1460). Temiendo la tempestad que se avecinaba, Juan II decidió suspender las sesiones, pero los estamentos, dirigidos por el sector más radical de la aristocracia y la Biga, votaron antes de disolverse una resolución confiando la dirección de la lucha contra la política autoritaria del rey a la Generalidad, institución que encomendó esta función a un comité de nueve miembros (tres de cada estamento) llamado Consejo del Principado.
Se vivieron entonces jornadas de gran tensión, durante las cuales la Generalidad convocó por sí misma un Parlamento, las masas populares se dejaron ganar por una propaganda sentimental que exaltaba las virtudes del desgraciado príncipe, y el gobierno de Barcelona volvió de nuevo a manos de la Biga, mientras que los de la Busca y los realistas, en general, no se atrevían a defender la política de Juan II. En estas condiciones el Parlamento envió un ultimátum al rey: o aceptaba la paz, sobre la base de dejar en libertad al príncipe y otorgarle la primogenitura universal, o escogía la guerra. El rey, que no podía aceptar el principio de la superioridad de las Cortes, escogió el enfrentamiento (1461), pero más tarde, cuando se dio cuenta de que, en medio del entusiasmo popular vianista, el Consejo del Principado levantaba un ejército contra él y al mismo tiempo la situación se complicaba en Navarra y crecía la amenaza en Castilla, se echó atrás.
El príncipe de Viana fue puesto en libertad y comenzaron negociaciones entre el monarca, representado por su esposa, Juana Enríquez, y una delegación catalana, que concluyeron con la firma de la Capitulación de Vilafranca del Penedés (1461). Esta pieza fundamental del pactismo catalán recogía todas las reivindicaciones pendientes desde la época del Ceremonioso y limitaba enormemente la soberanía real: el rey no podría entrar en el Principado sin la autorización de sus corporaciones representativas, tendría que delegar todas sus funciones administrativas y el poder ejecutivo en un lugarteniente perpetuo e irrevocable (Carlos de Viana y, en su defecto, el infante Fernando, hijo de Juana Enríquez y Juan II), y los oficiales y funcionarios nombrados por el rey tenían que ser aprobados por la Generalidad, el Consejo de Ciento y el Consejo del Principado.
El desarrollo del nuevo régimen constitucional tropezó con un escollo inesperado, la muerte prematura de Carlos de Viana (1461), que obligó a encomendar la lugartenencia, de hecho, a la reina Juana Enríquez (legalmente, el lugarteniente fue el príncipe Fernando, entonces un niño de pocos años). Los meses cruciales de finales de 1461 y comienzos de 1462 la reina trabajó en Barcelona para rehacer las fuerzas realistas, lo que le enemistó con las autoridades, que creyeron urdía un golpe de Estado. Y, de hecho, hubo manifestaciones y un complot popular, dirigido por miembros de la Busca, que pidió el retorno del rey. Los de la Biga y las autoridades de la Generalidad temieron entonces que, si se producía el retorno, Juan II aboliría la Capitulación de Vilafranca y llevaría a cabo una mortífera represión. Tomaron por ello la delantera: el gobierno de Barcelona expulsó de su seno a los consejeros de la Busca, la Generalidad decidió someter a juicio a los presuntos traidores y el Consejo del Principado reclutó un ejército con el pretexto de combatir a los remensas de las comarcas gerundenses que se habían levantado en armas contra la reacción señorial (1462).
La tensión creció hasta tal punto que Juana Enríquez, temiendo por su vida y la de su hijo, huyó a Gerona, donde creía estar más segura. Para los enemigos de Juan II era la prueba manifiesta de su traición. La represión se abatió entonces sobre los realistas y dirigentes de la Busca en Barcelona, mientras el ejército, levantado por el Consejo del Principado y dirigido por el conde de Pallars, se lanzaba sobre Gerona en pos de la reina y su hijo, a quienes los remensas dieron ayuda. Ante la actitud remisa de aragoneses y valencianos, enemistados con Juan II por la cuestión todavía reciente de la primogenitura del difunto príncipe de Viana, encontrándose Navarra en plena guerra civil y no pudiendo contar tampoco con Castilla, Juan II hipotecó sus derechos sobre el Rosellón y la Cerdaña en provecho de Luis XI de Francia a cambio de ayuda militar. Y fueron, en efecto, las tropas de Luis XI las que forzaron el levantamiento del asedio de Gerona. Paralelamente, Juan II, considerado un traidor por haber entregado tierra catalana a Francia, entraba con tropas en Cataluña, lo que constituía una violación de los términos de la Capitulación de Vilafranca, y por ello era declarado enemigo público y desposeído de la corona. En aquellos momentos los radicales de uno y otro bando se habían hecho dueños de la situación y la guerra ya se había extendido por toda Cataluña.