Comentario

Las Cortes abrieron sus sesiones el 9 de julio. Las elecciones a diputados se habían llevado a cabo, no sin cierta precipitación, un mes antes y de la forma que estaba prevista en el código constitucional gaditano, es decir mediante sufragio universal indirecto y a través de los tres grados establecidos: parroquia, partido y provincia. Si el proceso electoral fue o no limpio, es una cuestión que resulta difícil dilucidar a la vista de las fuentes disponibles, en su mayor parte vagas y contradictorias. Sin embargo, la escasa experiencia electoral existente en España y el hecho de que la asamblea elegida fuese absolutamente liberal, hacen pensar cuando menos en una cierta coacción del ambiente sobre los votantes.
Entre los 150 diputados elegidos se hallaban muchos de los hombres que habían participado en las Cortes celebradas en Cádiz. Muñoz Torrero, el conde de Toreno, Martínez de la Rosa, Tomás Istúriz, Calatrava y muchos otros. Había también entre ellos algunos clérigos, aunque en número considerablemente menor que en las Cortes de Cádiz y todos partidarios de las reformas liberales. Las sesiones tuvieron lugar en el palacio de doña María de Aragón, donde ya habían estado reunidas en 1814, antes de su disolución por parte de Fernando VII. El rey asistió en 1820 al solemne acto de apertura y en el discurso del presidente de la asamblea no solamente se le exculpó de la actitud que había mantenido durante el anterior periodo de su reinado, sino que se le convertía en uno de los artífices del cambio político. En uno de sus escritos, Evaristo San Miguel hace referencia al ambiente festivo que imperaba en el pueblo madrileño con motivo de aquel acto.

Los debates que tuvieron lugar durante las primeras sesiones se centraron fundamentalmente en cuestiones ideológicas. Fueron discusiones de carácter poco práctico y si se repasan las actas parlamentarías de aquellos días, se comprueba la pesadez de las largas exposiciones y la falta de preocupación por la resolución de los graves problemas reales que tenía planteados el país. Sin embargo, a partir del mes de agosto comenzaron a adoptarse medidas concretas y que tenían la intención de proseguir el proceso interrumpido en 1814. Algunas de estas medidas fueron más allá de las reformas adoptadas en Cádiz, como fue la supresión de los mayorazgos. En efecto, la ley de 27 de septiembre de 1820 suprimía toda clase de vinculaciones y establecía que el retorno de los bienes a la condición de libres se realizaría por mitad a lo largo de dos generaciones. La puesta en vigor de la ley del 6 de agosto de 1811 mediante la cual se suprimían los señoríos, aunque dejaba sin resolver el problema de la naturaleza de los derechos por los que los señores recibían sus rentas, hizo que de momento dejasen de pagarse los derechos señoriales. Las Cortes suprimieron las órdenes monacales y enajenaron parte del patrimonio de la Iglesia, suprimiendo el derecho que ésta había mantenido durante siglos de imponer cargas tributarias sobre todos los ciudadanos del país. Los bienes de los conventos suprimidos pasaban al Estado, quien los vendería en pública subasta. Estas medidas desamortizadoras dieron lugar a la venta de un número considerable de fincas de las órdenes suprimidas, que pasaron a manos privadas. La supresión de la Compañía de Jesús tuvo lugar mediante una medida aprobada el 4 de agosto, y se aprobó también que sus miembros podrían permanecer en España como simples sacerdotes seculares adscritos a sus respectivas diócesis.

Mediante un decreto del 26 de septiembre, las Cortes perdonaron a los afrancesados y permitieron su regreso a España. Sin embargo, el perdón tenía algunas limitaciones y eso provocó el descontento de la mayoría de los 12.000 individuos que se acogieron a él. Muchos de ellos pasaron a engrosar las filas de los realistas, convirtiéndose así en influyentes y poderosos enemigos del régimen liberal.

La segunda legislatura comenzó el 1 de marzo de 1821. El rey leyó el discurso de la Corona en la que incluyó una famosa coletilla, mediante la cual censuraba a los ministros de su gobierno. El conflicto había surgido entre el rey y las Cortes, pues aunque la Constitución otorgaba al rey la facultad de nombrar libremente a sus ministros, éste se veía obligado a designarlos de entre los elementos liberales, en los cuales, naturalmente, Fernando VII no tenía ninguna confianza. Por eso, la crítica que el monarca dirigió a su gobierno, nombrado el 1 de abril precedente, provocó su dimisión. El nuevo gobierno que el rey nombró inmediatamente, estaba compuesto entre otros por Eusebio Bardají en Estado; Mateo Valdemoro en Gobernación; Tomás Moreno Daoíz en Guerra y Antonio Barata en Hacienda.

La labor de las Cortes en esta segunda legislatura fue una continuación de la anterior. Una de las medidas más eficaces que se adoptaron fue la de unificar la moneda circulante en España y en Ultramar, prohibiendo las transacciones en dinero francés que era habitual desde la época napoléonica. Se aprobó también la Ley Orgánica del Ejército el 9 de junio. Su propósito era el de crear un nuevo ejército al servicio de la sociedad y más eficaz. No tan afortunadas fueron otras disposiciones, como la de establecer una especie de censura laica sobre todos aquellos escritos considerados peligrosos, o el decreto que establecía penas severas para los infractores de la Constitución o para aquellos que tratasen de impedir su vigencia, o difundiesen doctrinas con el mismo fin, que ha sido calificado como vago por Gil Novales, puesto que podía convertirse en una palanca peligrosa contra la libertad de pensamiento.

El 29 de junio de 1821 se aprobó el Reglamento general de Instrucción pública, estableciéndose tres niveles: el de la enseñanza primaria, universal y gratuita; el de la enseñanza secundaria, cuya formación correría a cargo de los Institutos que se crearían en todas la capitales, y el nivel universitario, con 10 universidades en la Península y 22 en Ultramar y con la creación de la Universidad Central de Madrid como establecimiento principal para toda España. Por decreto de 29 de junio los diezmos que los campesinos pagaban a la Iglesia fueron reducidos a la mitad y al día siguiente se cerraron las Cortes ordinarias y se anunció una convocatoria extraordinaria para el mes de septiembre siguiente.

A esta nueva etapa de las Cortes corresponden las medidas que establecían una nueva división del territorio español en 52 provincias, que sería la base para la reestructuración de las circunscripciones administrativas aprobadas en 1833 y que ha llegado hasta nuestros días.

Se aprobó también el Reglamento de Beneficencia, a partir del cual se crearían las Juntas Municipales de Beneficencia, responsables de estas cuestiones en cada una de las localidades españolas. Y finalmente, se aprobó el primer Código Penal español, que recogía y sistematizaba toda la compleja y diversa legislación que existía en España sobre la materia y que supuso un avance extraordinario en la racionalización de la justicia española.

Entre los últimos meses de 1821 y los primeros de 1822, la impopularidad del gobierno moderado fue creciendo y la agitación en numerosas ciudades españolas ponía de manifiesto el alejamiento cada vez mayor del liberalismo popular de la política oficial desarrollada en Madrid. Los rumores de conspiraciones derivaron hacia acciones desproporcionadas, como fue el caso de la que se le atribuyó al sacerdote Matías Vinuesa, párroco de Tamajón. Sin pruebas suficientes y descontentos por los diez años de prisión a que había sido condenado por la justicia, las turbas radicales asaltaron la cárcel donde se hallaba encerrado y le destrozaron la cabeza a martillazos. A estas agitaciones populares contribuyó también la destitución de Riego, que había sido nombrado capitán general de Aragón, puesto para el que había sido nombrado después del fracasado intento de enviarlo a Galicia para evitar su presencia en la capital. Los rumores del posible republicanismo de Riego y de presuntas maniobras radicales dirigidas por el héroe de Las Cabezas, como la conspiración de Cugnet de Montarlot, provocaron su cese. En muchas ciudades españolas se organizaron manifestaciones de protesta y en Madrid, un numeroso grupo de ciudadanos de ideología exaltada que portaba un retrato de Riego y que estaba provocando disturbios en las calles, fue disuelto por el jefe político de Madrid en lo que irónicamente la prensa radical denominó la batalla de las Platerías.

En otras ciudades, los incidentes fueron más graves, sobre todo en Sevilla, Cádiz, Málaga, Alcoy, Cartagena y Valencia. La revolución exaltada de 1821 amenazaba con desembocar en una confrontación armada generalizada entre los españoles. Cuando el gobierno recurrió a las Cortes para pedir su apoyo ante estas algaradas, no obuvo la respuesta que esperaba, y el 8 de enero de 1822 dimitieron algunos de sus componentes con Bardají a la cabeza.

El 8 de enero de 1822, Fernando VII nombró el tercer gobierno liberal, con Martínez de la Rosa a la cabeza, en la cartera de Estado; José María Moscoso de Altamira en la de Gobernación, y Felipe Sierra Pambley en la de Hacienda. A pesar de la política de componendas practicada por este gobierno no fue posible llegar a un entendimiento entre los exaltados y los moderados, y en las elecciones a Cortes que se llevaron a cabo, obtuvieron la victoria los exaltados. Rafael de Riego fue nombrado presidente del organismo legislativo, cargo en el que solamente permaneció durante el mes de marzo. Hasta el verano de ese año, las Cortes adoptaron algunas medidas de carácter simbólico para exaltar la memoria de algunos héroes de la libertad, como Padilla, Bravo y Maldonado. Con respecto a los militares, las Cortes trataron de impedir nuevas insurrecciones militares mediante la elevación de los sueldos de los oficiales, pero sin éxito. Por lo pronto, la supresión de la brigada de los carabineros por decreto de 19 de mayo de 1822 provocó la sublevación de ésta. En Valencia tuvo lugar el 30 de mayo la sublevación de los artilleros que proclamaron a Elio capitán general. Reprimida la insurrección, el general Elio fue ejecutado. Pero los sucesos más graves tuvieron lugar en Madrid, en donde la Guardia de Infantería se sublevó, al parecer con la connivencia del rey y la familia real. La actitud resuelta de la Milicia Nacional consiguió el 7 de julio que esta sublevación absolutista, cuyos objetivos no estaban nada claros, fracasase.