Comentario
El mundo político de Madrid muy vinculado a la prensa y a las tertulias y asociaciones como el Ateneo y la Sociedad Matritense, estaba compuesto por presidentes del consejo, ministros, secretarios de ministerio, altos funcionarios y diputados más o menos habituales con un peso especial. Casi todos ellos fueron intercambiables en sus puestos y los ocuparon alternativamente o incluso al mismo tiempo.
El poder ejecutivo, o lo que propiamente se llama gobierno, se componía de seis, siete u ocho secretarías de despacho (ministerios), que se fueron fijando a lo largo del siglo XIX, formalmente nombrados por la Corona, con mayor o menor influencia de partidos o espadones militares. Todos los ministros reunidos formaban el Consejo de ministros, cuyo presidente era quien el rey designara al efecto, con frecuencia vinculado al Ministerio de Estado, o bien otra persona que ocupaba específicamente tal cargo. Las carteras fueron las de Estado (relaciones exteriores), Gracia y Justicia (Justicia, asuntos eclesiásticos, nobleza y, durante un tiempo, la enseñanza), Hacienda, Fomento (comercio, agricultura, industria, obras públicas, comunicaciones y, a partir de un momento, enseñanza), Guerra y Marina fueron estables en todos los gobiernos del siglo XIX. Hay otros dos ministerios que fueron más cambiantes: el de Ultramar, creado en 1858, y el de Gobernación del Reino. Este último, restablecido en 1836, tenía competencias en estadística, administración provincial y local por medio de los jefes políticos o gobernadores provinciales, alistamientos y sorteos para el ejército y la marina con la intervención de los ministerios correspondientes, cuidado de la riqueza nacional en arbolado de montes, caza y pesca, beneficencia y sanidad pública, elecciones para diputados, correos, imprenta y periódicos, teatros y diversiones públicas, cárceles y presidios, guardia civil y, en general, el orden público y la vigilancia.
La nómina de ministros fue considerable. Entre 1833 y 1868, hubo nada menos que cincuenta y cinco gobiernos diferentes. Es decir, una media de un gobierno cada siete meses (treinta y cuatro de ellos duraron menos). El número de ministros es mucho mayor que el número de gabinetes multiplicado por el de ministerios, pues en una gran mayoría de los gobiernos, a pesar de su brevedad, hubo reorganizaciones y crisis parciales. En total, fueron más de quinientos cargos ministeriales. Como muchos de ellos ocuparon carteras en diversos gobiernos, el número de personas que realmente fueron ministros de Isabel II o sus regentes fueron unas trescientas cincuenta.
Los ministros se elegían fundamentalmente entre hombres de leyes (abogados, magistrados, profesores de derecho) y militares. Con frecuencia, unían a una de las condiciones anteriores la diplomacia y el periodismo, actividades que muchas veces se confundían con la propia política.
Como excepciones, nos encontramos algún historiador aficionado, como el Conde de Toreno, propietario y rico por su casa. Algunos, muy pocos (entre los que destacan Cea Bermúdez, Mendizábal y, especialmente, José Salamanca) se dedicaban profesionalmente al mundo de los negocios, si bien otros muchos ministros hicieron negocios aprovechándose de su condición en la política.
Llama la atención que prácticamente todas las demás profesiones y actividades estuviesen casi completamente ausentes de una posible carrera ministerial en estos años.
Los gobiernos formados por esta reducida clase política se forman por iniciativa de la reina, o sus regentes hasta 1843.
La Corona actúa como poder arbitral, aunque, con más frecuencia, tiende a orientarse abiertamente por los moderados.
El poder legislativo estaba compuesto de dos cámaras: Congreso y Senado, con función y composición variable según el ordenamiento constitucional y sus correspondientes leyes y reglamentos por las que estuviesen reguladas, muy variables por cierto para tan corto número de años. Los partidos judiciales, en los que se subdividieron en 1834 las provincias creadas en 1833, adquirieron también significado político al constituir la base para la elección de procuradores del Reino (Estatuto Real) o diputados (Constituciones de 1837 y 1845).
El sistema parlamentario por el que oficialmente se regía la política era falaz. Los grupos políticos, a veces con la presión de las armas o con la algarada, actúan sobre la Corona logrando muchas veces el encargo de formar gobierno, lo que lleva consigo la posibilidad de "manejar la elección que siempre proporciona mayorías sumisas" (Jover). En el período 1833 a 1868, que abarca el período de Isabel II, hubo veintidós elecciones generales. Prácticamente en todos los casos, los presidentes de gobierno que convocan las elecciones son los que continúan como presidentes de gobierno con mayorías parlamentarias. El hecho que explica el sistema es que los cambios de gobierno, cuando implican cambios de partido político, no se llevan a cabo a través de unas elecciones sino por la decisión de la Corona, forzada en bastantes ocasiones. Como norma bastante general, se puede afirmar que los políticos dinásticos manipulan la máquina parlamentaria.
Las tres fuerzas internas del poder liberal en la España de Isabel II, la corona, el ejército y los partidos, se muestran unidas frente a las amenazas externas: carlistas, republicanos y las nacientes asociaciones proletarias. Pero, como ha señalado Raymond Carr, conspiran dos contra la otra en diversos momentos. En el origen de cada uno de los períodos políticos se encuentra una situación anómala en lo que hubiera sido una situación normal parlamentaría: el golpe de Estado. Un general, apoyado por un sector del ejército, pasa a ser dirigente de un partido e intérprete ocasional de la voluntad popular a través de una institución castiza: el pronunciamiento. Este está apoyado con frecuencia por revueltas callejeras en algunas ciudades que a través de las Juntas locales, otra institución nacida en la Guerra de la Independencia, darán un carácter civil al golpe.
Además de los ministros y parlamentarios, había otra serie de puestos de representación y altos cargos en la política y la administración radicada en Madrid. Por una parte, el mundo de la representación española en el exterior, que frecuentemente, estaba ocupada en sus escalones más altos por los propios políticos, o si se quiere, al revés. Por otra, los ministerios contaban con una secretaría general y una serie de altos cargos, normalmente denominados directores generales. De cada uno de ellos dependía una oficina, en la que el director general actuaba como jefe auxiliado con un número variable de subalternos.
En todo caso, no hay que pensar en una administración muy numerosa, ni excesivamente ágil. Por ejemplo, en 1860, según el Censo que corresponde a ese mismo año, los empleados activos del Estado no llegaban a 31.000, bastante distribuidos por las provincias. En Madrid no llegaban a los 5.000.