Comentario

El 11 de febrero de 1873 el Congreso y el Senado, reunidos en Asamblea Nacional, proclamaron la República, por 258 votos a favor y 32 en contra, contraviniendo el principio constitucional que prohibía su deliberación conjunta. Lo que la Asamblea había aprobado era la siguiente proposición: "La Asamblea Nacional resume todos los poderes y declara como forma de gobierno de la Nación la República, dejando a las Cortes Constituyentes la organización de esta forma de gobierno... Se elegirá por nombramiento directo de las Cortes un poder ejecutivo que será amovible y responsable ante las Cortes mismas". La República no partió de una mayoría definida, pero el vacío de poder que provocó la marcha de Amadeo precipitó la colaboración de los radicales monárquicos.
La nueva forma de gobierno, pues, llegaba como resultado de un pacto político coyuntural, muy frágil. Resultaba transitorio el nuevo consenso surgido entre radicales y republicanos federales. Cada uno de ellos tenía su propio modelo republicano, pero ambos grupos se comprometieron a sostener la República, todavía indefinida. Se demostraba así el interés de los radicales por valorar el ideario democrático, que antepusieron a la forma de gobierno. Los federales, por su parte, sacrificaron su proyecto y consintieron el avance de la República unitaria, pero las bases del partido no aceptaron la postergación y comenzaron a elaborar, por su cuenta, la República federal.

De la coalición de gobierno surgió un primer presidente del Poder Ejecutivo, el federal Estanislao Figueras, arropado por tres destacados republicanos: Pi y Margall, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar. Los radicales estaban representados en cinco carteras: Echegaray, en Hacienda; Córdoba, en Guerra; Beranger, en Marina; Becerra, en Fomento y, finalmente, Francisco Salmerón, en Ultramar -todos ellos, salvo el último, habían sido ministros del último Gobierno de Amadeo-. La actuación de este gabinete estuvo repleta de tensiones y salpicada por múltiples intentonas de relevo.

La alianza entre radicales y republicanos originó fuertes roces que provocarían, a los pocos días, la elección de un nuevo Gobierno, esta vez dominado por los federales. Estaban ya en disposición de lograr su objetivo: disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones a Cortes constituyentes, para proclamar después la República federal.

Antes de que eso sucediera había tenido lugar una secuencia de sucesos que constataron la imposibilidad de mantener la República indefinida: en Andalucía se habían reavivado las protestas de los campesinos sin tierra, que confiaban en que la República traería, por fin, el reparto social. A primeros de marzo, los comités republicanos, con intervención de varios internacionalistas, intentaron proclamar el Estado Catalán dentro de la República Federal Española, intento que fue abortado desde el poder por los propios federales. La situación en Cataluña estaba determinada, además, por la guerra carlista; de ahí el conflicto que se originó por el abandono de muchos soldados republicanos del ejército. Pero el intento de sustituir el ejército por un cuerpo de voluntarios fue sólo una realidad transitoria, sucumbiendo ante los nuevos embates del carlismo. En defensa de la República se postergó la abolición de las quintas para un futuro incierto.

A finales de marzo los federales lo tenían todo a su favor para conseguir sus propósitos desde la legalidad. Suspendidas las sesiones de la Asamblea, una Comisión permanente se hizo cargo de la situación hasta las elecciones. Por fin estalló el último acto del conflicto entre radicales y federales, los días 23 y 24 de abril. Aquéllos intentaron derribar al Gobierno, con la colaboración de batallones de voluntarios, de tendencia monárquica, apostados en la plaza de toros de Madrid, y la connivencia del capitán general de Castilla, el general Pavía. El golpe fue abortado por la actuación de los voluntarios de la República, y al día siguiente fueron disueltos por decreto la comisión permanente y los batallones de voluntarios rebeldes. Los republicanos, que gobernaron solos a partir de entonces, lograron las posibilidades legales de una República federal, pero a costa de alejar a los radicales del régimen.

Entre el 10 y el 13 de mayo de 1873 se celebraron las elecciones a Cortes Constituyentes. El sufragio universal se aplicó, por primera vez, a todos los varones mayores de 21 años, ampliando todavía más el electorado. El abstencionismo siguió su carrera al alza, ya que alcanzó el 60 por ciento del total del censo. De esta manera la indiscutible victoria de los republicanos, con el 90 por ciento de los votos, resultaba engañosa. A la indiferencia o cansancio de buena parte del electorado se unía la política de retraimiento ordenada por todos los partidos de la oposición. A título individual, algunas personalidades de estas tendencias políticas ocuparon escaño de diputados. Pero la realidad es que los republicanos se habían quedado solos, lo que suponía, de un lado, que los otros partidos cuestionaran la legitimidad del nuevo régimen y, de otro, que la soledad hiciera más visibles las tensiones siempre latentes en el seno del republicanismo español.