Comentario

El carlismo conoció, durante el Sexenio, un auge sin precedentes desde hacía decenios. El derrocamiento de Isabel II y la aceptación de la monarquía como forma de gobierno alimentaron las esperanzas carlistas, que percibían el momento político como apropiado para proclamar rey a su candidato, Carlos VII. La llegada de la libertad de prensa, además, les permitió lanzar una campaña propagandística a escala nacional, que posibilitó ampliar sus zonas de influencia más allá de su feudo tradicional vasco-navarro.
En la oposición carlista se fueron perfilando dos tendencias que acabarían de diseñarse en 1871. En los primeros momentos del reinado de Amadeo I tuvo más peso el sector liderado por Nocedal y los neocatólicos, que aspiraban a llegar al poder desde la legalidad: es decir, a través de la práctica electoral. El partido carlista se presentó, en efecto, a las primeras elecciones a Cortes ordinarias en coalición con los republicanos, a pesar de las divergencias ideológicas, pero con un mismo fin: acabar con la monarquía amadeísta. En esta ocasión obtuvieron 51 diputados y 21 senadores, lo que constituyó un verdadero éxito. Los comicios celebrados en abril de 1872, a los que acudieron en solitario, reflejaron con más precisión el peso real del carlismo en la sociedad española: 38 escaños en 19 provincias, con mayoría absoluta en las capitales de Vizcaya, Navarra, Lugo, Cuenca y Ciudad Real.

A partir de este momento, el sector que había apostado por la vía legal comenzó a perder puntos en favor del sector insurreccional. Las insurrecciones brotaron desde el mes de mayo. El día 2, el pretendiente Carlos VII entró en Vera de Bidasoa. Derrotado el ejército carlista en Oroquieta, la firma del Convenio de Amorebieta trajo la paz al País Vasco y Navarra, pero sólo por unos meses. El carlismo entró nuevamente en acción a partir de diciembre, dentro de sus feudos tradicionales. La guerra carlista hostigaría desde entonces, y hasta 1876, a los diferentes Gobiernos, generando una tensión constante, con indudables repercusiones en el devenir político nacional, además de los daños económicos.