Comentario

El Sexenio democrático estuvo caracterizado por una alta conflictividad social, manifestada de forma compleja y violenta, viniendo a constituir un conjunto de experiencias abiertas a los problemas sociales propios de la época y, al tiempo, al estallido de una serie de conflictos de raíz secular.
Esta conflictividad social tuvo distintas manifestaciones, fue realizada por distintos protagonistas y a través de distintos criterios y métodos. Cada proceso político llevado a cabo implicaba una reacción en las clases trabajadoras, que se hallaban fuertemente integradas en el proceso histórico. Esta diversidad de actuaciones se produjo como consecuencia de la asociación de las múltiples fuerzas sociales que propiciaron los sucesos de septiembre de 1868.

Buena parte de los problemas cuestionados eran de naturaleza arcaica; habían permanecido durante siglos en la evolución de la sociedad española y ahora encontraban sus más directas formas de expresión: la ocupación de tierras y la quema de registros de la propiedad. Son conflictos localizados principalmente en el sur de la Península, donde el campesinado no propietario reclamaba el acceso a la propiedad de la tierra. Si bien este tipo de protesta había aparecido en otras ocasiones, cabe señalar que durante el Sexenio consolidó su sintonización con el discurso político, principalmente con el republicanismo, o más bien con una forma de entender, percibir y asimilar el mito de la organización federal.

A partir de 1869 factores como el hambre de tierras, la crisis o el incremento del número de desocupados supusieron la multiplicación de las ocupaciones de tierra, tanto en Andalucía como en La Mancha, Extremadura y Levante. Movimientos que fueron cosechando fracasos, aunque siempre se mantuvo viva la idea básica de que la hora del reparto social había llegado. Como contrapartida, la decepción que supuso la llegada de la República sin que se viera acompañada de una reforma agraria en profundidad. Así, 1873 marcó una ruptura hacia nuevas formas de consciencia y de acción. De ahí que durante el Sexenio se perfilen embrionariamente los trasvases de un sector del campesinado andaluz hacia la versión bakuninista de la Primera Internacional. El mensaje anarquista comenzó a calar en Andalucía, con un credo que encajaba con las seculares respuestas de rebeldía y la desconfianza hacia los partidos políticos.

A lo largo del siglo XIX, pero con más insistencia durante el Sexenio, los motines populares se sucedieron en las zonas urbanas preindustriales. Se trataba de movimientos espontáneos, no coordinados desde la acción política, provocados por situaciones concretas y precisas: paro, carestía del pan, llamada a quintas... Eran, pues, problemas cotidianos que exigían una solución inmediata; de ahí que el objetivo de los motines no estuviera sujeto a grandes programas o proyectos, sino más bien a situaciones que eran percibidas y sentidas como la alteración de la moral económica de la multitud.

Por motines entendemos toda una serie de acciones que van desde la simple manifestación, con un carácter más o menos violento, ante la autoridad local, hasta asaltos al interior de edificios oficiales o comercios, según fuera la causa del motín y su mayor o menor envergadura. Las autoridades, por su parte, contrarrestaban el motín con medidas de urgencia, como repartos de pan o contrataciones temporales de jornaleros y, en último término, con medidas similares a las empleadas contra las rebeliones campesinas.

Durante todo el Sexenio estos conflictos sociales proliferaron sin que desde la política se acertara a encontrar una solución adecuada para ellos. No fue posible resolver sus causas fundamentales: la carestía y la cuestión de las quintas; por el contrario sus efectos se vieron agravados por la crisis económica, el mal estado de la Hacienda Pública y el recrudecimiento de la guerra carlista. Especial importancia tuvieron los motines contra las llamadas a quintas, que salpicaron con distintos grados de intensidad la geografía española, sobre todo en 1870. Al fin y al cabo, la abolición de las quintas había sido una de las reivindicaciones más señaladas a las juntas revolucionarias durante los primeros tiempos del Sexenio. El grito de "¡Abajo las quintas!" expresaba una de las frustraciones más sentidas del Sexenio. La guerra cubana y la carlista hicieron técnicamente inviable su supresión. Ya en marzo de 1869 hubo un llamamiento a filas de 25.000 hombres. Los motines se propagaron por diversas localidades, sobre todo en Andalucía. En marzo de 1870 una nueva quinta provocó una oleada de manifestaciones y algaradas, posteriormente reproducidas en 1872 y 1873. Aunque los republicanos habían incorporado a su programa esta reivindicación, el recrudecimiento de la guerra carlista terminó por suspender el intento.

El movimiento obrero organizado se expandió considerablemente entre 1868 y 1874, coincidiendo con la penetración en España de la I Internacional. Si antes de 1868 el mundo obrero y sus conflictos se había producido en un contexto societario en el que predominaba la discusión en torno a los derechos de asociación y a las condiciones de trabajo, el Sexenio democrático aportó un clima de libertades que ayudó a reorientar el contenido del movimiento obrero. Así, la septembrina determinó las pautas de conducta de un movimiento protagonizado sobre todo por los obreros catalanes, que luego se propagó por el resto de los centros urbanos industriales y cuya actividad más representativa fue la huelga.

En un principio resultaba notoria la relación de proximidad que el movimiento obrero tuvo con el republicanismo federal y con el cooperativismo, para posteriormente ir desarrollando una autonomía de acción promovida desde la Internacional. Durante todo el año de 1869 se multiplicaron huelgas urbanas en Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia, como consecuencia de la inmovilidad de salarios y la escasez de empleos. El modelo de conflictividad específicamente obrero, organizado a través de la huelga, tomaba cuerpo en el escenario de la revolución de septiembre. El conflicto principal tuvo lugar en el mes de agosto de aquel año, en Barcelona, a través de los obreros del textil con el apoyo de las restantes asociaciones obreras catalanas. Pero el asociacionismo catalán, a la altura de 1868-1869, estaba en relación y tenía como motivación ideológica el republicanismo federal. Los síntomas de esta vinculación se denotaban en aspectos tales como la recomendación a los obreros de las candidaturas republicanas en las elecciones de 1869, al tiempo que dirigentes obreros ocupaban cargos en el partido. El fracaso de la insurrección general republicana de septiembre y octubre de 1869, la falta de éxito de los motines contra las quintas con participación obrera, en marzo de 1870, y la ausencia de reformas sociales fueron alejando al movimiento obrero de los partidos políticos y llevándole hacia la acción autónoma promovida por la Internacional.

El internacionalismo español, desde sus inicios en 1869, fue entendido en claves de bakuninismo, debido tanto a la influencia de Fanelli, su primer propagador en España, como a la propia naturaleza de la Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT). El triunfo del bakuninismo sobre el marxismo se hizo palpable en 1870, en Barcelona, cuando el I Congreso de la Federación regional Española de la AIT apostó definitivamente por el apoliticismo y el colectivismo, como sucedería en Córdoba dos años después. Durante este intervalo de tiempo la Internacional fue conquistando seguidores en todo el país, siendo su difusión menos importante por lo cuantitativo que por lo cualitativo. Se extendía el conflicto industrial moderno de un proletariado militante.

En 1871-1872 la AIT experimentó un avance importante en el número de militantes -30.000 aproximadamente- y en su expansión geográfica. Había logrado penetrar más allá de Cataluña, por todo el territorio español, y ser atractiva no sólo para los obreros fabriles y los asalariados de los núcleos urbanos, sino también para los jornaleros del campo. Todo ello propició un clima inquietante para las clases conservadoras, sobre todo cuando llegaron las noticias sobre la Comuna de París. Se hizo palpable el temor ante una incipiente subversión del orden establecido, concediendo a la Internacional unas dimensiones que realmente no poseía.

El debate sobre la Internacional se trasladó a las Cortes, en un terreno ya abonado desde la primavera. El 28 de mayo, el jefe del Gobierno, Sagasta, había enviado una circular a los gobernadores civiles, concediéndoles amplios poderes para reprimir las actividades de la Internacional. Por otra parte los sectores más conservadores difundían, a través de la prensa, principalmente La Época, visiones apocalípticas sobre el orden público. A partir del 16 de octubre la Internacional fue la preocupación máxima de los diputados del Congreso, sobre su legalidad o no. Todos los grupos monárquicos cerraron filas en torno a la ilegalidad de la Internacional. Sólo estuvieron en contra algunos sectores del republicanismo. Por 192 votos a favor y 38 en contra, el Congreso aprobó la proposición del ministro de Gobernación, Candau, dirigida a presentar un proyecto de ley que disolviera la Internacional como atentatoria de la seguridad del Estado; es decir, declararla anticonstitucional. La resolución del Congreso no llegó a hacerse efectiva. La actitud del fiscal del Tribunal Supremo la descalificaba al insistir en la legalidad del derecho de asociación. El tema había adquirido una relevancia tal para el Gobierno Sagasta que se procuró, incluso, alcanzar un acuerdo internacional para unificar posturas contra la AIT.

Todo ello, sin embargo, no detuvo la progresión real de la Internacional. Esos 30.000 afiliados antes citados así lo demuestran. Su mayor fuerza seguía residiendo en Cataluña, al adherirse la mayoría de las sociedades obreras catalanas de etapas anteriores. Se extendió por Andalucía, con principales núcleos en Sanlúcar y Sevilla, que ejemplifican la penetración de la Internacional entre los jornaleros del campo. También se propagó por Levante, sobre todo en las zonas fabriles de Alcoy y Valencia, y, con menor importancia, por zonas de Extremadura, Aragón, País Vasco, Castilla y Galicia.

Mientras tanto, las disensiones en el seno de la AIT repercutieron en la Federación Regional Española. Las discrepancias entre marxistas y bakuninistas resultaron insalvables. El bakuninismo había logrado calar en toda España, salvo en Madrid, donde era fuerte la línea marxista en torno al periódico La Emancipación. En abril de 1872 el Congreso de Zaragoza de la Federación Regional Española reafirmó las tesis bakuninistas, expulsando de su seno al grupo madrileño. El asunto se resolvió con la creación de la Nueva Federación Madrileña, de signo marxista. La ruptura del internacionalismo originó en España una doble versión del movimiento obrero: el bakuninismo, mayoritario, cuyas tesis anarquistas se ratificaron en el Congreso de Córdoba de 1873, y el marxismo, en principio localizado en Madrid, muy relacionado con la Asociación del Arte de Imprimir, que desembocaría en la fundación del Partido Socialista Obrero Español, en 1879.