Comentario

En la primavera de 1931, el Ejecutivo promulgó numerosos decretos, que luego ratificaría como leyes el Parlamento. El conjunto de estas normas anticipa las grandes líneas del reformismo republicano y las preocupaciones sociales que alentaban los representantes de la izquierda burguesa y socialista.
En primer lugar, los llamados "decretos agrarios", impulsados por los ministros socialistas de Trabajo y Justicia, Francisco Largo Caballero y Fernando de los Ríos, buscaban una mejora inmediata en las condiciones laborales del campesinado y preparar el camino a la reforma agraria prometida. Establecían la prohibición de desahuciar a los arrendatarios de fincas; ampliaban al medio rural los efectos de la Ley de Accidentes de Trabajo; fijaban la jornada laboral en ocho horas; obligaban a los propietarios agrícolas a contratar trabajadores de la comarca (Decreto de términos municipales) y a mantener sus tierras en producción (Decreto de laboreo forzoso); y extendían a la economía agraria el sistema de Jurados Mixtos de arbitraje en asuntos laborales.

En Instrucción Pública, el ministro Marcelino Domingo adoptó medidas para reforzar la presencia y el control del Estado en el sector educativo, dominado hasta entonces por la Iglesia católica. Sus decretos establecían un plan quinquenal para crear miles de plazas escolares y que, en su primer año, ampliaba en siete mil la plantilla de maestros estatales; aumentaban el sueldo a los maestros; disponían la coeducación en la Enseñanza Secundaria; suprimían la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas, y creaban las Misiones Pedagógicas para extender el ámbito educativo a sectores de la población hasta entonces marginados. También desde el Ministerio de la Guerra, Manuel Azaña inició en este período su plan de modernización de las Fuerzas Armadas con una serie de decretos: pase a la reserva con sueldo íntegro de los militares profesionales que lo solicitaran, para aliviar las plantillas sobrecargadas; supresión de regimientos y transformación de las Capitanías en Divisiones Orgánicas; revisión de los ascensos por elección o méritos de guerra; cierre de la Academia General Militar, etc.