Comentario

La antesala al Plan de Estabilización se encuentra en el Memorándum que el Gobierno español dirigió al FMI y a la OECE el 30 de junio de 1958. En él se señalan las medidas a tomar respecto a la política económica, las cuales afectan al sector público, a la política monetaria, a la flexibilidad de la economía y al sector exterior. Para poder llevarlas a cabo se había trabajado conjuntamente con el FMI y la OECE y se contaba, lo que era fundamental para su viabilidad, con la concesión de créditos no sólo de dichas organizaciones, sino también de la banca privada y del Gobierno estadounidense. Dicha ayuda se elevaba a 546 millones de dólares, de los que casi la mitad provenían de Estados Unidos.
Con la aprobación del Plan de Estabilización (Decreto de Nueva Ordenación Económica del 21 de julio de 1959), en opinión de Enrique Fuentes Quintana se ponían en marcha cuatro ideas fundamentales: 1ª el restablecimiento de la disciplina financiera merced a una política presupuestaria y monetaria de signo estabilizador; 2ª la fijación de un tipo de cambio único y realista para la peseta; 3ª la liberalización y globalización del comercio exterior; y 4ª acabar con la economía recomendada, entregada al poder discrecional del Gobierno y a la drogadicción de las subvenciones, las intervenciones y las concesiones, para restablecer una economía mixta, basada en la flexibilidad y disciplina del mercado.

Las medidas concretas afectaron a la fiscalidad, estableciendo como objetivo el ajustar el gasto público a los ingresos, evitando que la financiación del mismo generase inflación. Para ello se procedió al aumento de los ingresos mediante la elevación de los precios de la gasolina, el tabaco, las tarifas de los ferrocarriles y el teléfono, a la vez que se limitaban los gastos.

Las medidas monetarias dirigidas al sector privado trataron de reconducir las inversiones al ahorro efectivamente disponible, con el objetivo de evitar, como había venido sucediendo, que la inversión privada no se correspondiera con el incremento paralelo del ahorro, teniéndose que financiar con el incremento monetario, lo cual generaba inflación. A este fin se fijó un techo al crédito de la banca y del Banco de España al sector privado que, combinado con el establecimiento de un depósito previo de los importadores en el Banco de España (el 25% de las importaciones), producirían la desaceleración de la oferta monetaria.

La nueva paridad de la peseta se fijó en 60 pesetas dólar, reconociendo el tipo de cambio del mercado libre; a la vez se vinculó la divisa española al sistema diseñado en Bretton Woods. Ambas medidas facilitaron la apertura de la economía española al extranjero y más si tenemos en cuenta que dicha paridad concedía una ventaja inicial a los exportadores.

Se procedió a una liberalización parcial del comercio, adquiriendo España el compromiso al incorporarse a la OECE de liberar el 50% de su comercio de importación, porcentaje que se incrementó al 61% en 1960. Para compensar la liberalización se publicó un nuevo arancel en 1960. Dicha medida se ponía en práctica distinguiendo entre los países que permitían o no la convertibilidad de los saldos españoles de exportación. Los países que no lo permitían realizaban sus transacciones a través de regímenes de convenios bilaterales, manteniéndose para ellos el mecanismo de licencia.

Las inversiones extranjeras se liberalizaron aceptándose hasta un 50% de capital extranjero en empresas españolas. En caso de que la participación fuese mayor se requería la autorización previa del Consejo de Ministros.

Este conjunto de medidas trataban, como ya hemos señalado, de hacer funcionar nuestra economía dentro de los mecanismos del mercado, limitando las intervenciones sobre el mismo, aunque ello no impidió la permanencia de ciertas rigideces como las que afectaban al mercado de trabajo.

Los efectos de las medidas estabilizadoras fueron inmediatos. La situación del IEME cambió radicalmente: a finales del primer semestre de 1959 tenía un endeudamiento neto de 2 millones de dólares y al terminar el año contaba con 109 millones de dólares, lo que supuso no tener que utilizar en su totalidad los créditos disponibles. Al mismo tiempo se produjo la estabilización de los precios durante el verano, e incluso a finales de año el índice de precios al por mayor se situó por debajo del nivel alcanzado en 1958.

Junto a la mejora de la balanza de pagos y de los precios, se dio, como efecto negativo, la caída del gasto que contrajo las importaciones de bienes de equipo y la caída de la demanda de crédito. Ello provocó un freno en la actividad, por la rápida liquidación de existencia de productos básicos, lo que supuso el incremento del desempleo y la desaparición de las horas extraordinarias, implicando una disminución de los ingresos salariales y del consumo privado de hasta un 4% en 1959 en pesetas constantes. La disminución de las remuneraciones complementarias del salario (horas extraordinarias y pluses) llegaría a significar en ocasiones hasta la reducción del 50% de los ingresos salariales, lo cual perjudicó especialmente a la población obrera. Las cifras oficiales estimaban que más de medio millón de obreros se vio afectado por la reducción de horas extraordinarias; a esta situación se debe añadir el alto número de empresas que obtuvieron del Ministerio de Trabajo la autorización para reducir el trabajo semanal a tres o cuatro días.

El aumento del paro fue evidente, pasando de 91.000 desempleados en el último trimestre de 1959 a 132.000 en el mismo trimestre del año siguiente; no obstante la cifra total que se calcula, puesto que no estaban incluidos los trabajadores del sector agrícola, se sitúa en torno a los 200.000 parados. Este incremento, motivado por la caída de la actividad, se explica también por la implantación del subsidio de paro que anteriormente no existía. Este crecimiento del desempleo aceleró la emigración exterior, aunque también existieron otras causas para ello, como el estímulo de un 43% de elevación en el cambio para sus remesas.

Pese a los citados aspectos negativos, la valoración general que realizaron los expertos y la que podemos realizar desde una perspectiva histórica es positiva, pues aunque hubo una depresión inmediata, ésta fue menor de la que se había producido en otros países que también habían optado por medidas estabilizadoras, como fue el caso de Francia. De hecho, en 1961 el aumento de la renta nacional en un 3,7% respecto al año anterior, supuso un nivel de producción similar al de 1959. Por lo que la corta recesión permitió tener a comienzos de la década una economía con mejor salud y con buenas previsiones para el futuro.

Durante 1960 se pusieron en marcha medidas reactivadoras que favorecieron la expansión de la economía española. Buena muestra de ello fue el cambio habido en el comportamiento de la banca, que a finales de año contaba con unas reservas de activos líquidos lo suficientemente importantes como para poder financiar el incremento de las demandas de inversión. A ello cabe añadir la limitación de los incrementos del gasto público y el aumento a un ritmo muy elevado (+15%) de los ingresos, propiciado por la reforma fiscal de 1957. En 1960 el superávit presupuestario fue de 5.600 millones, es decir, un 35,8% más que en 1959. Al mismo tiempo aumentaron las exportaciones, dando como resultado un hecho inusual en nuestra historia económica: el superávit de la balanza comercial de 1960.