Época: Final franquismo
Inicio: Año 1959
Fin: Año 1975

Antecedente:
España: un país industrial y de servicios

(C) Abdón Mateos y Alvaro Soto



Comentario

Desde 1960 a 1975 la Renta Nacional creció ininterrumpidamente, pasando de 568.243 millones de pesetas (en pesetas de 1958) a 1.562.071, es decir, casi se triplicó. También aumentó el Producto Interior Bruto (PIB) y la renta per cápita (en pesetas constantes de 1970) que pasó de 35.791 pesetas en 1960, a 83.238 en 1975. Si realizamos una comparación con otros países de la tasa de crecimiento por habitante entre 1950 y 1973, podemos ver que la de España fue del 5,9%, mientras que en otros países europeos fue inferior (Gran Bretaña (2,5%), Francia (4,1%), República Federal de Alemania (5%), Italia (4,8%) y Portugal (5,5%)). Estos datos ponen de manifiesto, que las medidas establecidas por el Plan de Estabilización al poco tiempo de su puesta en marcha permitieron un crecimiento intenso y prolongado de la economía española.
Si observamos la participación de cada sector productivo sobre el valor total del PIB al coste de factores, medido en pesetas constantes, se pone de manifiesto la caída del porcentaje de la producción agraria, y el crecimiento espectacular de la industria hasta 1973. El sector servicios sufrió un descenso de participación hasta 1974 a causa del tirón industrial, pero si lo analizamos en términos nominales la participación de los servicios creció de forma continuada, lo que nos permitió situarnos en el umbral de una economía terciaria. Por último, la construcción, si bien fue un sector dinámico, experimentó una bajada de su peso relativo debido al aumento de los otros sectores.

Los cambios habidos desde finales de la década de los cincuenta ponen de manifiesto, como nos recuerda Walt W. Rostow, que España consiguió todo a la vez, en referencia a su éxito en completar el tránsito e ingresar plenamente en la etapa del alto consumo de masas; a lo que es obligado añadir que se iba produciendo un acercamiento en el desfase que nuestro país tenía con respecto a Europa occidental.

La actividad rural sufrió un cambio muy intenso. La agricultura tradicional entró definitivamente en crisis como consecuencia de la aceleración del proceso migratorio desde el campo a las zonas industriales de España y Europa occidental. La transferencia de mano de obra entre 1960-70 alcanzó unos dos millones de activos. Este proceso provocó la elevación de los salarios agrícolas, obligando a los propietarios a la sustitución del trabajador por maquinaria. Al mismo tiempo se incrementaron los índices de productividad, los rendimientos, la producción y la renta agraria, que entre 1960-73 experimentó un crecimiento del 1,7% anual a precios constantes.

Estos cambios generalizaron el proceso de modernización del sector primario, que se llevó a cabo con extraordinaria rapidez. El cambio ocurrido en España en diez años (1961-70), equivale en magnitud relativa al que en conjunto experimentó el país en los setenta años anteriores.

La adopción de la tecnología de la "revolución verde" (mecanización, consumo de fertilizantes y fitosanitarios) rompió con la tradicional economía natural del sector agrario, y tuvo como consecuencia una creciente vinculación de la agricultura al mercado.

La industria obtuvo resultados verdaderamente brillantes entre 1960-74. Nos encontramos ante el principal esfuerzo modernizador de todo el siglo. El periodo de mayor impulso transcurrió entre 1959 y el comienzo de la planificación indicativa, que supusieron los Planes de Desarrollo. Entre 1961/74 la tasa media de crecimiento del PIB fue del 7%, con una primera fase de extraordinario auge que poco a poco se fue amortiguando hasta tocar fondo en 1967 (momento en que se registra la menor tasa de crecimiento del periodo, el 4,3%), y con oscilaciones posteriores, que acortan cada vez más la duración de los ciclos respectivos: la recuperación iniciada en 1969 cede en 1970, y el fuerte impulso final de 1972 y 1973 flexiona a partir de 1974, antesala de la etapa de crisis que se manifestará abiertamente en 1975.

La industria española hasta 1959 era dependiente del exterior, tanto en lo que se refiere a las inversiones (a excepción del textil) como en el suministro de materias primas, equipos y tecnología. Dicha industria actuaba dentro de un mercado protegido y las exportaciones agrícolas hacían posible la compra en el exterior de bienes con destino a la industria. A partir de 1959 esto último, si bien no desaparece totalmente, deja de jugar un papel fundamental. El resultado de los cambios introducidos fue una fuerte tasa del crecimiento del sector durante todo el periodo 1960/74, superior a la de los demás sectores de la economía, convirtiéndose la industria en el motor del crecimiento económico.

Este crecimiento vino de la mano de algunos subsectores (química, metálicas básicas, transformadores metálicos, construcción de vehículos de transportes), a través de los cuales se produjo la difusión del cambio tecnológico que provocó transformaciones tanto en la producción como en la demanda. La demanda de consumo permitió el acceso a nuevos bienes a sectores de la población que hasta el momento no habían podido acceder a los mismos. En cuanto a la producción, y como resultado de los cambios habidos en la demanda de consumo, se emplearon nuevas técnicas que implicaban fuertes alzas en la productividad industrial y una creciente importancia de las industrias nuevas en detrimento de las tradicionales. El crecimiento de la industria se basó primordialmente en aumentos de productividad y en menor medida de ocupación de mano de obra.

El sector servicios también sufrió una importante transformación a la vez que tuvo un intenso crecimiento. Así, en 1964 representaba el 44,4% del PIB en pesetas corrientes y en 1975, el 50,6%. En cuanto a la mano de obra empleada se pasó de un 29,9% en 1964 a un 38,3% en 1975. En dicho crecimiento predominó el carácter meramente extensivo, a pesar de las transformaciones técnicas habidas, por lo que siguió siendo importante el peso de los sectores tradicionales, especialmente los que conllevaban un uso intensivo de trabajo (comercio, instituciones financieras, administración pública...). Esta situación, es decir moderadas subidas de la productividad y uso intensivo del trabajo, favorecía las tendencias inflacionistas.

En cuanto a la actividad comercial, evolucionó moderadamente y su expansión en volumen fue inferior a la media del sector servicios. Si bien hubo transformaciones cualitativas en el comerció, a la altura de 1975 se puede afirmar que en dicho sector era mayoritario el comercio tradicional de pequeñas dimensiones. Baste decir que en 1975, el 70% de los establecimientos en régimen de libre-servicio tenían superficies inferiores a los 40 metros cuadrados y empleaban a un 40% de personal no remunerado. De hecho la introducción de nuevas formas comerciales (autoservicio, crecimiento de la dimensión del establecimiento y desplazamiento del centro de las ciudades) se ha producido muy lentamente y en fechas más recientes.

En el transporte y las comunicaciones, desde finales de los años cincuenta se produjeron profundos cambios. En un informe realizado por la ONU (1953) en el que se hacía referencia a la economía española se señalaba que el transporte, junto a la energía, constituían las principales causas del estrangulamiento de nuestra economía. En los años sesenta se procedió a la electrificación de las vías férreas y a la adquisición de locomotoras eléctricas; y a la creación y desarrollo de la industria del automóvil. En este último caso se asistió a una importante expansión de la industria nacional del automóvil (SEAT, Pegaso, FASA y Barreiros) que, con cierta dependencia de la tecnología exterior, permitió desbloquear la situación de estrangulamiento y contribuir de forma decisiva al desarrollo industrial del país. En esos años se dio una asociación entre el aumento del nivel de vida, el proceso de urbanización y el acceso de amplios sectores de la población a la propiedad del automóvil. Este tipo de crecimiento supuso primar el transporte privado frente al público y la carretera frente al ferrocarril. Especial interés tiene el caso del sector turístico que experimentó un auge espectacular. En 1960 el número de turistas era de 6.113.000; en 1975 se alcanzó la cifra de 30.123.000. Los ingresos por divisas pasaron de ser en 1960 de 297 millones de dólares a 3.188 millones de dólares en 1975. Ello implicó un incremento de la industria hotelera y de la construcción, así como de actividades dedicadas al esparcimiento.

Durante los años sesenta y principios de los setenta en política económica se pusieron en marcha mecanismos de planificación indicativa, para lo que se contó con la ayuda del Banco Mundial y la experiencia francesa en dicha materia. En 1962 se creó la Comisaría del Plan de Desarrollo a cuyo frente se instaló López Rodó. Dicha Comisaría tenía como labor realizar la programación efectiva de todo el sector público, a la vez que elaboraba la información necesaria para que los empresarios privados pudiesen adoptar decisiones coherentes con el resto de la economía nacional. El Plan indicativo aparecía así como complementario a la economía de mercado.

El I Plan de Desarrollo (1964-67) partió del establecimiento de una doble hipótesis de crecimiento: para la población activa se previó un ritmo del 1 por 100 anual, y de un 5 por 100 para la productividad, lo que debería de conducir a un ritmo de expansión del PNB del 6 por 100 anual. El II Plan (1968-71) previó un crecimiento menor del PNB (5, 5 por 100), debido a los efectos de la devaluación de la peseta en noviembre de 1967. Y, por último, el III Plan (1972-75) fijó un objetivo del 7 por 100 que no pudo ser alcanzado. Los tres planes constaban de dos partes: una de carácter indicativo, y otra de carácter vinculante, concretada en el programa de inversiones públicas y en los programas de desarrollo de las industrias concertadas por el Estado. Pero a pesar de estos objetivos teóricos, lo cierto fue, como indica Ramón Tamames, que los planes no se cumplieron, ya que no fueron realmente vinculantes, como se pone de manifiesto en el hecho de que las inversiones en los programas públicos no se realizaron tal y como estaban previstas en ninguno de los años transcurridos, a lo que cabe añadir que tampoco resultaron verdaderamente indicativos para el sector privado.

En su conjunto, la política económica implicó la introducción de una serie de pasivos entre los cuales se deben de señalar:

1°-) El desigual crecimiento de los distintos sectores de la economía, que favoreció la aparición de importantes desequilibrios. Así, se produjo un creciente distanciamiento entre las tasas de desarrollo de los grandes sectores de la economía. El desarrollo económico de los sesenta pareció concebirse en España en un plano acotado por el crecimiento de la industria y el aumento de las actividades del sector terciario. La agricultura registró una expansión menos intensa y más vacilante, quedándose atrás y desequilibrando, en consecuencia, el proceso de desarrollo, lo que originó obstáculos y tensiones en el mismo.

2°-) Durante la década de los sesenta no se ampliaron ni se modernizaron a tiempo la distribución y comercialización de los distintos productos, especialmente los destinados al consumo, lo que originó cuellos de botella. La mayor demanda de bienes públicos no fue satisfecha, existiendo un desequilibrio en la producción de bienes públicos/bienes privados, que constituye uno de los rasgos más característicos del desarrollo. A ello debemos de añadir la propensión generada por la estructura productiva hacia el desequilibrio en la balanza de pagos y el carácter limitativo que sobre el desarrollo económico tuvo la posibilidad de atender a la capacidad de importación.

3°-) La evolución de la economía española en la etapa comentada ocultó, tras sus espectaculares tasas de crecimiento y la posibilidad de emigración a Europa, sus importantes limitaciones para la creación de empleo. El proceso de desarrollo económico respondió a una tecnología y a una estructura de la demanda final que actuaban limitando las posibilidades de aumentar el empleo.

4°) El proceso de desarrollo forzó la necesidad de incremento del capital a la tasa del 2,7% anual acumulativo entre 1962 y 1970. El aumento del grado de capitalización de la industria fue continuo durante todo el proceso de expansión. El crecimiento económico se realizaba así en contra de la dotación de recursos disponibles en la sociedad española, negando la utilización del factor más abundante (el trabajo) y demandando cantidades crecientes del más escaso: el capital.

5°-) El proceso de desarrollo económico generó una estructura productiva marcada por intensos procesos de sustitución de fuentes energéticas tradicionales (carbón) por nuevas fuentes de energía (petróleo y energía eléctrica), de las cuales éramos deficitarios y dependientes de terceros países.

6°-) La recepción del cambio tecnológico se centró sobre un conjunto limitado de sectores productivos (el químico, el energético, las industrias metálicas...). Esto provocó una creciente dependencia de la producción total respecto a las importaciones.

7°-) Ese crecimiento de la producción entre 1959-74 se realizó con notable desigualdad en el territorio. En los años sesenta la producción y la renta nacional española tendieron a concentrarse. El hecho de que en 1973 el 54% de la renta nacional se obtuviera en el 11% del territorio, mientras que en el 53% del territorio se obtuviese únicamente el 14% de la renta nacional, constituye un índice lo suficientemente expresivo de dicha concentración.

El fin de la prosperidad económica y el inicio de la crisis económica mundial desde 1972 (en palabras de Enrique Fuentes Quintana, "la crisis era grave, profunda y mundial"), produjo una elevación del precio de los productos alimenticios y de las materias primas industriales (no alimenticias), a lo que siguió la cuadruplicación de los precios del petróleo. La crisis y la fuerte dependencia exterior de la economía española se nos presentó con toda crudeza en un momento en el que el propio régimen político se encontraba en situación agónica y por tanto con escasa capacidad de reacción.

La economía española registró todos los factores de la crisis, que revistieron en nuestro país una mayor intensidad. En primer lugar, España vivió con especial fuerza la etapa de inflación de demanda que precede a la crisis, lo que provocó y anticipó su aparición. De 1970 a 1973 cambió el signo deficitario de la balanza de pagos. El aumento de reservas condujo a una elevación progresiva de la cantidad de dinero que, unido al desbordamiento del gasto nacional, terminó por producir su último y más temido efecto: la inflación de dos dígitos, característica de los años setenta, en la que España ingresa en 1973 (10,6% en los precios implícitos en el PIB, 11,8% en los precios de consumo). La inflación de los setenta se despegó clara y crecientemente de los países europeos. Sólo Italia (entre los países desarrollados de Europa) presentó un comportamiento similar. La drástica elevación del precio de los crudos sorprendió a la economía española con una inflación del 14% (tasa de crecimiento de los precios del consumo del último trimestre de 1973).

El segundo factor de la crisis fue la caída de la relación real de intercambios, lo cual produjo un efecto mayor que el registrado por otros países europeos en la balanza de pagos. El empobrecimiento impuesto por la relación real de intercambios fue importante, las cifras disponibles lo estiman entre un 20 y un 25%. El déficit de la balanza comercial se duplicó, pasando de 3.500 millones de dólares en 1973 a 7.000 millones en 1974; y el de la balanza corriente evolucionó de un superávit de 500 millones de dólares en 1973 a un déficit de 3.268 millones en 1974 (4% de PNB). En estos últimos hechos tiene mucho que ver la política económica de los últimos Gobiernos del franquismo (Antonio Barrera de Irimo y Rafael Cabello de Alba -octubre 1974-) que decidieron compensar en 1974 el alza de precios de los crudos del petróleo con subvenciones y reducciones impositivas, lo que provocó un aumento del consumo del 6% en 1973, mientras disminuía en los restantes países de la OCDE.

Este peculiar ajuste español a la crisis de los 70 señala una clara diferencia con el resto de Europa. Como consecuencia de la acumulación de las dos diferencias registradas (precios mayores cuando la crisis comienza y balanza de pagos más desequilibrada) los dos efectos fundamentales de la crisis, inflación y déficit exterior, van a entrar en 1975 con valores muy elevados: los precios de los bienes de consumo lo hacen al 18,7% en el primer trimestre, la balanza de pagos, con un déficit superior al 4% del PNB. La posición española se singulariza.

El tercer escenario de la crisis fue la reacción de los costes y sus consecuencias sobre los excedentes empresariales. La peculiar política de rentas aplicada en los comienzos de la crisis equivalía a consolidar y amplificar los efectos de la inflación histórica. Los salarios crecieron en su participación en la renta nacional.

El cuarto factor de la crisis fue el déficit presupuestario. A partir de 1974 el déficit fue elevándose a un ritmo peligroso y muy poco controlado.

En quinto lugar, las crisis sectoriales se acusaron en España en los mismos lugares que en Europa, pero con mayor intensidad. El retraso en afrontarlas y la manera parcial de hacerlo pueden alegarse como diferencias adicionales con la situación de otras economías.

La peor situación de partida de la crisis, el tratamiento inicial del empobrecimiento exterior impuesto por la relación real de intercambios, la respuesta de las rentas y su influencia sobre los costes y excedentes empresariales, y los tímidos y tardíos programas de reestructuración sectorial constituyen un cualificado pasivo en los factores generales de la crisis de los 70 que habrán de acusarse en los resultados y en la situación de la economía española, no afrontándose de manera decidida hasta la firma de los Acuerdos de La Moncloa en octubre de 1977.