Comentario
Diversos textos hablan de tiempos turbulentos para referirse a la situación en que se encontraba la Corona de Castilla en los años finales del siglo XIII e iniciales del XIV. En efecto, los cuarenta años que transcurren entre el acceso al trono de Sancho IV, en 1284, y la proclamación de la mayoría de edad de Alfonso XI, en 1325, se caracterizan por la sucesión de conflictos bélicos de orden interno, pero también por la presencia de las primeras manifestaciones de la crisis. La debilidad de la monarquía, particularmente puesta de manifiesto en los períodos de minorías, fue hábilmente aprovechada por la nobleza, que se mostró sumamente agresiva. En ese contexto la actuación de los concejos, claramente favorables a la defensa del realengo, resultó decisiva.
Sancho IV (1284-1295) había ceñido la corona de Castilla después de una violenta pugna con su padre, Alfonso X. Los infantes de la Cerda, hijos del primogénito de Alfonso el Sabio, que reclamaban el trono, encontraron el apoyo de los reyes de Aragón a sus pretensiones. No obstante, gracias a su alianza con Felipe IV de Francia, plasmada en el tratado de Lyon de 1288, pudo Sancho IV contrarrestar a sus rivales. Años después, el monarca castellano se sintió con fuerzas para poner en marcha una campaña contra los musulmanes. La ofensiva se saldó con la ocupación, por parte de las tropas castellanas, de la importante plaza de Tarifa (1292), heroicamente defendida en los años siguientes por Alonso Pérez de Guzmán. De todas formas, planeaba en el fondo el creciente poder de la nobleza. Un representante típico de la misma fue Lope Díaz de Haro, señor de Vizcaya y favorito del rey de Castilla, en cuya corte campó a sus anchas hasta 1288.
La prematura muerte de Sancho IV, en 1295, dejó como sucesor a un menor, Fernando IV (1295-1312). María de Molina, la reina madre, quedó encargada de la regencia de su hijo. La ocasión fue aprovechada por los infantes de la Cerda para reivindicar nuevamente el trono. Una vez más les apoyaba el rey de Aragón Jaime II, el cual, si el plan previsto salía adelante, recibiría en compensación el reino de Murcia. Por si fuera poco, la trama fue apoyada por el infante don Juan, hermano del anterior monarca, Sancho IV, que sería premiado con los reinos de Galicia y de León, y por los grandes magnates Juan Núñez de Lara y Diego López de Haro. Pero la heterogeneidad de los coaligados, así como el temple demostrado por María de Molina, que encontró el apoyo total de los concejos de sus reinos, hicieron posible que la crisis fuera superada.
En 1301 Fernando IV accedió a la mayoría de edad. Su primer logro fue poner fin al conflicto con Aragón, lo que fue posible gracias al acuerdo de Agreda (1304). Aragón renunciaba a Murcia, aunque incorporaba a sus dominios la zona alicantina. Por su parte Alfonso de la Cerda desistía, a cambio de diversas concesiones, de sus presuntos derechos a la corona de Castilla. La amistad castellana con los aragoneses hizo posible, unos años después, planear una ofensiva conjunta contra los nazaríes (Vistas de Campillo, de 1308), que a la postre no dio más frutos que la toma de la plaza de Gibraltar. En otro orden de cosas es necesario señalar que en la corte se iniciaba una áspera disputa entre los grandes de la nobleza, deseosos de controlar la privanza regia.
La muerte, en 1312, de Fernando IV, dejaba como sucesor a un niño de apenas un año, Alfonso XI (1312-1350). Fue preciso organizar nuevamente una regencia. La figura principal de la corte seguía siendo María de Molina, abuela del joven Alfonso. En la Concordia de Palazuelos, del año 1314, se encomendó la regencia a los infantes don Juan y don Pedro, otorgándose a María de Molina la custodia del rey-niño. Mas las desavenencias surgidas entre los propios tutores se hicieron manifiestas desde el primer momento. La sensación que había en la Corona de Castilla era de desgobierno. En ese clima se entiende la actitud adoptada por el tercer estado en las Cortes de Burgos del año 1315 de constituir una Hermandad general. Los fines por los que se constituía la institución citada eran, según el texto presentado por los procuradores de las ciudades y villas del reino, "para guardar sennorio e serviçio del Rey e todos sus derechos que á e deve aver, e para guarda... de todos nuestros fueros e ffranquezas e libertades ... et para que se cunpla e se faga justiçia en la tierra ... por que quando nuestro sennor el Rey ffuere de hedat ffalle la tierra meior parada e mas rrica e meior poblada para su serviçio".
El texto es suficientemente expresivo de los propósitos que movían a los hermanados: defensa de los derechos regios y municipales y garantía del cumplimiento de la justicia. Ante el panorama existente, los concejos tomaban las riendas de la defensa de los reinos, actitud que algunos autores han interpretado como una especie de golpe de Estado.
La muerte de los infantes don Pedro y don Juan, acaecida en 1319 en una campaña llevada a cabo en tierras próximas a la vega de Granada, posibilitó que María de Molina volviera al primer plano de la escena política, posición que mantuvo hasta que, en 1321, se produjo su muerte. Mientras tanto hicieron acto de presencia en la escena política castellana nuevos personajes, tales como el infante don Felipe, el brillante escritor don Juan Manuel y don Juan el Tuerto, un personaje sumamente turbio. La situación, a raíz del fallecimiento de María de Molina, se degradó hasta límites inconcebibles, debido a las luchas internas entre los propios miembros del consejo de regencia.
Las tensiones políticas y sociales estallaban por doquier: Segovia, Soria, Valladolid, etcétera. En las villas, nos dice la Crónica de Alfonso XI, "los que mas podian apremiaban a los otros" y en aquellos lugares que no habían reconocido a ningún tutor "los que avian el poder tomaban las rentas del Rey... et apremiaban los que poco podian", para concluir señalando que "en algunas villas levantabanse por esta razon algunas gentes de labradores á voz de comun". Como se ve, los sectores populares no permanecían impasibles ante el deterioro de la situación. Mas sólo la proclamación de la mayoría de edad de Alfonso XI, efectuada en unas Cortes reunidas en Valladolid en el año 1325, puso fin al caos reinante.