Comentario

La primera decepción profunda en la opinión pública respecto a la persona del presidente del Gobierno se produjo en el mes de enero de 1976. Su discurso ante las Cortes consistió apenas en unas cuantas concesiones verbales inconcretas y demostró de manera fehaciente su incapacidad de trascender las pautas ideológicas del pasado. Mientras tanto, en la calle había una efervescencia hasta entonces desconocida, que no podía ser encarrilada a través de los cauces existentes. Al comenzar el año 1976, en tan sólo un mes hubo un movimiento huelguístico superior en extensión y profundidad al de todo el año precedente. Resulta significativo que las movilizaciones se produjeran mucho más por motivos laborales, aunque tuvieran una clara vinculación con el momento histórico que vivía España, que por reivindicaciones estrictamente políticas como, por ejemplo, la amnistía por los delitos políticos. La concedida fue parcial y limitada, de manera que sólo benefició a una décima parte de los militantes vascos radicales. Por otro lado, ya desde este momento se manifestó la voluntad firme del Ejército de marginarse de cualquier tipo de actuación respecto al orden público. Los organismos del Movimiento fueron incapaces de controlar la situación y la policía también se mostró ineficaz, tal como aparece recogido en las memorias del gobernador civil de Barcelona, Sánchez Terán, que únicamente contaba con 800.000 pesetas de presupuesto anual para atender a la acción política en su demarcación. El gobernador civil citado cuenta que para él mismo, así como para algunos otros, esta fase de la transición a la democracia no fue sólo la primera sino también la más difícil, debido al elevado grado de movilización y la ineficacia de los medios utilizables contra ella.
El ministro de Información, Cabanillas, propuso que el programa de reforma política que el Gobierno tenía planeado fuera encauzado a través de una Comisión Real, al margen de los organismos institucionales del régimen, pero finalmente Fernández Miranda y Suárez sugirieron la creación de una Comisión mixta del Gobierno y Consejo Nacional. Seguramente ambos políticos pensaron en una fórmula como la indicada por imaginar que de esta manera la reformase haría desde el mismo seno del régimen. Pero, de momento, la fórmula sólo logró acumular obstáculos a un propósito transformador que se quedaba únicamente en declaraciones. Incluso a veces ni siquiera en eso: Arias Navarro llegó a declarar, ante el Consejo Nacional, que su propósito era continuista del franquismo y que, en tanto que él siguiera en el poder, ese sería el proyecto del Gobierno.

Según aparece en las memorias de Fraga, la comisión resultó dilatoria y negativa e incluso algunos de quienes formaron parte de ella han utilizado términos todavía más duros, como engendro. Las reuniones consistieron tan sólo en una sucesión de enfrentamientos oratorios entre Fernández Miranda y Fraga, catedráticos ambos de Derecho Político. El Movimiento intentaba perdurar de forma colectiva bajo la presidencia del Rey y disponer de un secretario general que lo fuera también del Gobierno y mantener en una eventual segunda Cámara una cierta representación orgánica. Pero como era bien patente la cercanía de una consulta electoral, los debates se centraron (y acabaron empantanándose) en minucias, como el número de diputados por provincia. La significación esencial de la Comisión mixta fue precisamente la de detener cualquier tipo de reforma rápida. Uno de sus componentes, Osorio, exasperado por la lentitud, escribió unos versos que pasó a un compañero de comisión y que aparecen en sus memorias: "Como sigamos así/ legislar, legislaremos / mas no sé si llegaremos / o si estaremos aún aquí / cuando Felipe VII quiera saber cómo vamos / y pregunte si acabamos / de elaborar este texto".

En realidad, el proyecto de reforma quedó reducido a poco menos que nada, aunque se logró avanzar en algo cuya utilidad se descubriría luego. Fue prorrogada la legislatura de las Cortes, pues se pretendía que las próximas fueran ya más democráticas. También fueron derogados los quince artículos de la ley antiterrorista cuyo contenido estaba más en discrepancia con la legislación de los países europeos. A finales del mes de mayo Fraga presentó en las Cortes una nueva ley de reunión y manifestación que fue aprobada con tan sólo cuatro votos en contra. La práctica habitual y la calle habían ido creando ya unos hábitos que tenían poco que ver con las disposiciones vigentes.

La consecuencia de la lentitud del Gobierno y de sus confusos propósitos fue que quienes se oponían a cualquier tipo de cambio arreciaron en cuanto se planteó la cuestión más espinosa en la época final del franquismo, es decir el asociacionismo. La nueva legislación suponía importantes cambios que le conferían un carácter mucho más liberal que el que podría haber tenido cualquier proyecto del tardofranquismo. Únicamente se prescribía para las asociaciones el respeto a los derechos de la persona y ya no dependerían del Movimiento. El encargado de presentar el proyecto ante las Cortes pasó a ser Adolfo Suárez, oportunidad que éste supo aprovechar y por vez primera destacó entre sus compañeros del Gobierno. Presentó el proyecto como una respuesta actual, basada en principios de realismo y sinceridad: si España era plural las Cortes no se podían permitir el lujo de ignorarlo. A comienzos del mes de junio Adolfo Suárez demostró tener un inesperado capital político, la capacidad para controlar el Movimiento. Además, a diferencia de sus compañeros de gabinete, disponía de todo el tiempo para dedicarse exclusivamente a la política. Areilza, posterior adversario político suyo, cuenta muy bien en sus Memorias el impacto que causó su intervención parlamentaria: "Dice aquellas cosas que Arias debió decir hace meses". Pero no fue el único que quedó impresionado por su capacidad de convicción: también el Rey parece haber experimentado lo mismo.

Pero a estas alturas aumentaban más las dificultades entre la clase política del régimen, como queda demostrado por el resultado que arrojó la votación del proyecto: 338 procuradores votaron a favor del proyecto pero el número de los abstinentes, ausentes o contrarios fue tan sólo de un centenar menos. La reforma del Código Penal se encontró con dificultades muy graves, que se intensificaron con la noticia del asesinato de un jefe local del Movimiento en el País Vasco. La mayor parte de los procuradores en Cortes era partidaria de la no legalización del partido comunista, por lo que se introdujo un párrafo en el que se vedaban aquellas organizaciones políticas sometidas a una disciplina internacional y partidarias de la implantación de un régimen totalitario.

Así se daba la paradoja de que quienes en el pasado habían estado tentados por el totalitarismo de un signo ahora se sentían con autoridad como para vetar el totalitarismo de los demás.

Con motivo de la presentación de un proyecto de reforma de la ley de Cortes y la de Sucesión, se hizo patente de manera definitiva el peligro que corría la reforma democrática, convertida ya en una esperanza para la mayoría de los españoles. El proyecto presentado por el Gobierno seguía las líneas diseñadas por Fraga y suponía la existencia de dos Cámaras, una de ellas con 300 miembros elegidos por sufragio universal y otra de carácter orgánico. El sistema electoral sería mayoritario y también existiría un Consejo económico y social. Pero el Consejo Nacional informó de modo negativo acerca de la disposición. Se demostraba así que una buena parte de la clase política del régimen no estaba dispuesta a dejarse arrebatar el monopolio del poder, mientras en el seno del Gobierno existían serias dudas e indecisión acerca del rumbo que se debía seguir.