Comentario

Las principales dificultades del Gobierno fueron fruto de las limitaciones de quien lo presidía y de su propia incoherencia, pero también existían otros problemas que acentuaban la sensación de desorientación y repercutían sobre el ambiente de la vida pública. Existieron grave problemas de orden público, en parte derivados de la crisis económica pero también consecuencia de las circunstancias políticas. El terrorismo persistía y ejercía el papel de factor multiplicador de las tensiones políticas. En toda España se produjo una oleada de huelgas, sobre todo en la capital, en los inicios del año 1976. Demostraron que las reivindicaciones puramente políticas eran incapaces de movilizar la protesta de masas, pero en la extensión de la conflictividad también jugaba un papel de gran importancia la sensación de liberación en los trabajadores dotados de mayor conciencia reivindicativa. Prácticamente no existió una política económica: los intentos del ministro Villar Mir de estimular la inversión, realizar un ajuste y poner en marcha la reforma fiscal estaban bien enfocados pero no eran objetivo viable para un Gobierno desunido y débil.
Los cauces que hasta entonces se habían empleado para resolver la conflictividad estaban gravemente deteriorados. En las memorias de Martín Villa aparecen los repetidos intentos que realizó para iniciar una reforma sindical paralela a la política. Aunque lo cierto es que una reforma sindical paralela hubiera tenido más inconvenientes que ventajas para un proceso que debía ser fundamentalmente político. Ni siquiera los sindicatos de oposición coincidían en la fórmula final a la que querían llegar: por ejemplo, Comisiones Obreras quería un sindicato único porque confiaba en tener la hegemonía en él, mientras que UGT quería mantener la pluralidad sindical a ultranza. Resulta necesario mencionar también la degeneración de los incidentes de orden público en batallas campales debido a la falta de preparación de las fuerzas de orden público para una situación de libertad o de tolerancia en los momentos en que la protesta se generalizaba. Muchas veces intervenían también en los incidentes algunos elementos incontrolados de la extrema derecha de los que no se conocía con qué apoyos podían contar en los medios oficiales.

La oleada de disturbios de orden público y huelgas que tuvieron lugar en el cinturón industrial madrileño en enero del año 1976 afortunadamente se saldó sin víctimas, pero en los meses siguientes hubo dos conflictos que finalizaron con derramamiento de sangre. Ambos son bien expresivos de las circunstancias que se vivían en esos momentos en España y, desde luego, tuvieron repercusión en la situación política. En el mes de marzo se produjo un gravísimo conflicto social en Vitoria, con un saldo total de cinco muertos. Si, por un lado, los huelguistas tenían unas reivindicaciones maximalistas, por otro las autoridades gubernativas merecieron una buena parte de la culpa y no sólo por la forma de actuar de la policía. La huelga venía durando ya dos meses en la capital alavesa, las autoridades habían dimitido y en el momento del estallido el propio ministro de la Gobernación estaba ausente de España. Luego Fraga ha afirmado que su ausencia justifica su falta de responsabilidad en lo acontecido, pero no hay duda de que demuestra los peligros de un candidato al reformismo político cuando tiene que ser a la vez el garante del orden público. Por el contrario la gestión de Suárez, ministro de Gobernación interino, y de Martín Villa, responsable de Relaciones Sindicales, en la reconducción de los acontecimientos fue positiva. En el mes de mayo de ese mismo año se produjeron los sucesos de Montejurra. Consistieron en el enfrentamiento entre la facción integrista y la seudosocialista en que había quedado dividido el movimiento carlista. Los dos muertos fueron provocados por el sector integrista armado, quizá por sus contactos en medios oficiales; pero, de nuevo, la responsabilidad volvía a recaer en quienes se mostraban incapaces de mantener el orden público.

Los hechos narrados vienen a testimoniar el vacío de poder existente y en estas circunstancias cabe preguntarse si podía ser cubierto por la oposición. Sin duda la respuesta es negativa pero, para explicarlo, es necesario tratar de forma global a la oposición durante este período.

En primer lugar es preciso señalar que la oposición no pudo enlazar en ningún momento con sectores importantes del estamento militar: a este respecto la situación española fue muy distinta a la que se dio en Portugal. La Unión Militar Democrática, cuyos miembros militaban en las filas de izquierda, contribuyó, más bien, a ratificar la conciencia profesional de los militares y los indujo al alejamiento del escenario político. Cualquier intervención que en adelante se produjera en este terreno (también las derechistas) sería considerada por la mayoría de la oficialidad como caso de indisciplina sometido a tratamiento reglamentario.

Si la oposición política no consiguió apoyo en ese mundo, en cambio sí se benefició del aumento de la permisividad y del indudable deterioro de un régimen que ante la opinión pública ya estaba condenado aunque no estuviese nada claro, cómo y por qué iba a ser sustituido. La oposición fue un importante motor del cambio y lo podría haber sido más si hubiera continuado en el poder un Gobierno falto de iniciativa y sin propósitos definidos como era el de Carlos Arias. Pero sería exagerado convertirla en la protagonista única de los acontecimientos: el grito de ¡Juan Carlos, escucha! que entonces era el eslogan en todas las manifestaciones, testimonia la propia indigencia en que se hallaba para lograr por sí sola el cambio de sistema político. En sus apariciones públicas mostraba su voluntad de llegar a una senda de transición pacífica pero también su falta de unión y otros defectos, testimoniando que el régimen anterior no sólo había creado un problema por la imposible perduración de sus propias instituciones, sino por la desertización del panorama político.

Las manifestaciones públicas de la oposición comenzaron en el mes de enero de 1976. En tal fecha los demócrata-cristianos celebraron unas jornadas y un congreso en abril y, en ese mismo mes, se permitió a la UGT celebrar también una reunión bajo la denominación de jornadas de estudio. En el mes de marzo de 1976, por la confluencia de la Junta y Plataforma ya existentes, se creó una organización unitaria de la oposición que fue denominada por la prensa Platajunta. Su principal inconveniente fue por un lado su excesiva amplitud, producto de la acumulación de siglas. Desde la oposición se había utilizado el término ruptura para expresar la voluntad de modificación fundamental de las instituciones frente a los indefinidos propósitos del Gobierno identificados con una reforma. Sin embargo, muy pronto, desde comienzos de ese mes, comenzó a hablarse de ruptura pactada. Incluso dentro de la misma oposición, sus dirigentes fueron conscientes de que el marco ideal imaginado para la transición -un Gobierno provisional de consenso o un referéndum previo antes de iniciarse todo el proceso de transformación- distaba mucho de ser posible. Las únicas posibilidades radicaban en un intento de reforma sustancial con el que llegar a la democracia, con o sin la colaboración de la oposición, o un retorno a la dictadura. A la altura de la primavera de 1976 Arias Navarro no podía ser el protagonista de ese intento. Con toda razón Tierno Galván había afirmado, sobre su primer discurso, que esperaba que fuera conservador pero no reaccionario. Sin duda existían ya las mejores condiciones para que la oposición pudiera aceptar una reforma realizada desde arriba siempre que ésta fuera de verdad sustancial.

No obstante, también la oposición demostró durante meses no pocos inconvenientes que dificultaban un cambio sin traumas. Con razón se llegó a afirmar que con las siglas de los numerosos partidos existentes se podía hacer una auténtica sopa de letras y que eran mucho más frecuentes los partidos de políticos sin militantes, que los partidos políticos verdaderos. Otro defecto habitual fue la irresponsabilidad: durante meses muchos partidos políticos mencionaron el término autogestión de las empresas pero no se tomaron la molestia de explicar mínimamente qué querían decir con él.