Comentario

En los tres años comprendidos entre febrero de 1881 -llamada de los fusionistas al poder- y enero de 1884 -fin del gobierno de la Izquierda Dinástica- tuvo lugar algo fundamental para la monarquía de Alfonso XII: la incorporación a las funciones de gobierno de constitucionales y demócratas, ganados definitivamente para el sistema político de la Restauración. Con ello se hacía realidad el turno pacífico de los partidos -anterior, por tanto, en cuatro años, al supuesto Pacto de El Pardo de 1885- aunque todavía no estuviera definitivamente formado el partido liberal que había de alternar con el conservador en la gobernación del Estado.
En el primer gobierno de Sagasta estaban representadas las principales fuerzas políticas que habían compuesto el año antes el partido fusionista: constitucionales -Albareda, Camacho, León y Castillo, Venancio González-, centralistas -Alonso Martínez y el marqués de la Vega de Armijo- y conservadores disidentes -Martínez Campos, Pavía y Pavía-. Posada Herrera llegaría más tarde a la presidencia del Congreso, quedando para el marqués de la Habana la del Senado. En el reparto de áreas de influencia, los altos puestos militares quedaron en manos de los amigos de Martínez Campos, mientras los centralistas se hicieron cargo de la diplomacia y la Justicia, y los centralistas del resto: Gobernación, Hacienda, Fomento y Ultramar.

Los primeros actos del gobierno fueron consecuentes con su significación liberal. Así la autorización de manifestaciones y banquetes conmemorativos del 11 de febrero, aniversario de la República y, en especial un Real Decreto y una Circular de los ministros de Gracia y Justicia y Fomento sobre materias de prensa y enseñanza, respectivamente. Por el Real Decreto de Alonso Martínez -además de anunciar la presentación de una nueva ley de imprenta- se alzaba la pena de suspensión a los periódicos que estuvieran cumpliendo esta sanción; se ordenaba la retirada de las denuncias presentadas ante los tribunales especiales, y el sobreseimiento de las causas criminales pendientes ante los tribunales ordinarios por esta clase de delitos, a la vez que se relevaba de la pena que les hubiera sido impuesta a los periodistas. La Circular de Albareda a los rectores de Universidad derogaba la disposición del mismo orden del ministro Orovio, de 1875, sobre la necesidad de que los programas y textos de las cátedras se ajustasen a los preceptos constitucionales. La consecuencia inmediata fue que los profesores destituidos con ocasión de la anterior circular -Castelar, Montero Ríos, Moret, Salmerón, Azcárate y Francisco Giner, entre otros- se reintegraron a la Universidad, a pesar de las dificultades prácticas existentes al estar ocupadas las cátedras, en algunos casos. Según Vicente Cacho, "la libertad de la ciencia volvía a ser el norte de la actitud ministerial".

"No tuvieron motivo para llamarse a engaño -escribió Juan Valera- los que fiaron en la sinceridad del gabinete, pues sus primeros actos acreditáronle de consecuente y leal". Una carta pública de Castelar al periodista francés Emile Girardin, testimoniaba la satisfacción de la opinión más liberal: "Hemos entrado en un nuevo período político (...) La nación, a pesar de sus desgracias históricas, ama los principios liberales. Y debo decirle que el señor Sagasta los aplica con sinceridad y con deseo de no asustarse de los inconvenientes que consigo traen. Ha colgado la ley de imprenta en el Museo Arqueológico de las leyes inútiles; ha abierto la Universidad a todas las ideas y a todas las escuelas; ha dejado un amplio derecho de reunión, que usa la democracia según le place, y ha entrado en un período tal de libertades prácticas y tangibles, que no podemos envidiar cosa alguna a los pueblos más liberales de la tierra".

Otras medidas de gobierno del primer momento fueron la renovación de gran parte del personal administrativo. Eran muchas las necesidades a satisfacer después de seis años en la oposición. "Las clientelas liberales -ha escrito Varela Ortega- se abalanzaron sobre el botín del presupuesto". Por otra parte, la mitad de los componentes de los Ayuntamientos fue renovada, conforme a la ley de 1877; la máquina electoral quedaba así lista para funcionar.

En las elecciones, la derecha del partido -centralistas y campistas- fue favorecida por el gobierno en contra de los constitucionales. Sagasta estaba decidido a que la fusión se mantuviera y solidificara. La misma tendencia manifestó el presidente en su programa de gobierno ante las Cortes; Sagasta quería demostrar "que los partidos liberales pueden gobernar España sin trastornos, sin temores y sin perturbaciones"; en contra de Moret, que había afirmado que los partidos liberales tenían necesidad de hacer pronto las cosas porque duraban poco en el gobierno, Sagasta afirmaba que "viven poco tiempo en el poder (...) porque quieren ir demasiado deprisa y porque producen alarmas (...) pero vayan los partidos liberales despacio y durarán lo que los partidos conservadores. A esto es a lo que yo aspiro". Indudablemente, la revolución había enseñado moderación al viejo progresista.

En la obra del gobierno fusionista cabe distinguir una parte política y otra económica. Las principales medidas políticas aprobadas fueron la ley de imprenta y la ley provincial; además fueron presentados proyectos, que no llegaron a discutirse, sobre la administración local, el derecho de asociación, la jurisdicción contencioso administrativa y el juicio por jurados. Es decir, todo lo que terminó constituyendo el programa del partido liberal, excepto el sufragio universal. Entre las medidas económicas destacan dos de carácter librecambista -el levantamiento de la suspensión de la Base Quinta de la reforma arancelaria y el tratado de comercio con Francia- además de la importante reforma de la Hacienda del ministro Camacho.

Sagasta remodeló su gobierno en enero de 1883 y terminó presentando su dimisión en octubre del mismo año. Aunque determinados sucesos públicos fueron invocados para justificar estos actos -en el segundo caso, sobre todo, dos acontecimientos importantes como la sublevación republicana de principios de agosto de 1883 en Badajoz, Santo Domingo de la Calzada y la Seo de Urgel, y el incidente con Francia a consecuencia de las manifestaciones progermanas de Alfonso XII en su viaje a este país- la verdadera causa de las crisis gubernamentales era la división del campo liberal. Concretamente, las dificultades que a Sagasta le creaba la existencia de otro partido liberal, la Izquierda Dinástica, fundada en diciembre de 1882.

La Izquierda Dinástica había surgido de la unión de los antiguos radicales -un pequeño grupo que siguió a Moret, y el grueso del partido liderado por Cristino Martos- con los constitucionales descontentos por la política derechista de Sagasta y desplazados en el disfrute del presupuesto por las clientelas en torno a los centralistas -Alonso Martínez, Gamazo, Vega de Armijo- y los seguidores de Martínez Campos. El hecho de que los radicales se integraran en la monarquía no dejaba de ser un éxito para Cánovas y también para Sagasta, que era quien primero había mostrado el camino a los antiguos revolucionarios. Pero el general Serrano y Posada Herrera, que terminarían al frente de la Izquierda, se negaron absolutamente a formar una alianza con los constitucionales, bajo la dirección de Sagasta.

José Varela Ortega ha explicado con toda claridad la lógica de la situación en las crisis de octubre de 1883 y enero de 1884. La crisis de octubre de 1883, como siempre, no era cuestión de álgebra parlamentaria. Votos los tuvo (Sagasta, en el Parlamento) y los seguía teniendo; para eso eran hechura suya. Ese no era el problema. El problema, para la Corona, era que las facciones que Sagasta era incapaz de unir en el poder intentarían conquistarlo organizando un pronunciamiento. Para Sagasta se presentaba además el problema de que la Corona, tratando de neutralizar la amenaza golpista, diera el decreto de disolución de Cortes a otro dirigente liberal, con lo cual perdía su liderazgo en la izquierda del sistema. Sagasta trató de resolver favorablemente para él la situación -y lo consiguió-: dimitió y se formó un nuevo gobierno presidido por Posada Herrera; pero el astuto político riojano decidió que puesto que no querían dejarle demostrar que la unidad del partido con él era posible, demostraría que sin él era imposible. Sagasta, que contaba con la mayoría parlamentaria -la cual, si no le bastaba para gobernar le sobraba para impedírselo a otro- derrotó al gobierno en la primera ocasión: la votación del discurso de contestación a la Corona, en enero de 1884, en relación con el tema del sufragio universal. Aquí el tema concreto era lo de menos: un gobierno Sagasta sacaría adelante, cinco años más tarde, el sufragio universal (masculino); lo que se estaba jugando, de hecho, era una cuestión de poder -y del presupuesto unido a él-.

De la labor del efímero gobierno izquierdista es preciso destacar una medida que resulta significativa de un cambio de mentalidad respecto a la cuestión social: la creación de la Comisión de Reformas Sociales, por el ministro de la Gobernación, Moret. El primer presidente de la misma fue Antonio Cánovas del Castillo, sustituido por el mismo Moret al producirse el cambio de gobierno.