Comentario

El cartel gubernamental de izquierdas del primer bienio descansaba sobre un doble soporte: la izquierda republicana y el socialismo. Pero mientras este último formaba una única y disciplinada organización partidista, el republicanismo progresista se encontraba dividido en varios partidos jóvenes y poco consolidados, algunos de los cuales ni siquiera asumieron las consecuencias de una integración plena en la coalición. Y lo mismo sucedía con la derecha y el centro republicanos. Superada la euforia del triunfo e inútiles ya los lazos de solidaridad forjados en la lucha contra la Monarquía, los intereses particulares de los grupos sociales y económicos primaban en los partidos que los representaban. Los gobiernos presididos por Azaña durante el primer bienio reflejaban la amplitud de sus apoyos parlamentarios, pero también el difícil equilibrio de la mayoría, cuya estabilidad dependía de la permanente transacción entre sus integrantes y de su capacidad de resistencia frente a las crecientes presiones exteriores.
El primer Gabinete Azaña, formado en octubre de 1931, reproducía la composición del Gobierno provisional, con la exclusión de los derechistas Alcalá Zamora y Maura. Pero tan sólo dos meses después, los radicales, que aspiraban a ser una alternativa centrista de gobierno y rechazaban la legislación sociolaboral impulsada por los equipos ministeriales del PSOE-UGT, abandonaron la coalición y rompieron definitivamente la Alianza Republicana de 1926. Ello supuso una nueva reducción de los apoyos políticos y parlamentarios del Gobierno, que aún disfrutaría de una holgada mayoría en las Cortes, pero cuyo carácter izquierdista se acentuaba. Azaña formó el 15 de diciembre de 1931 su segundo Gabinete, que sería el de más larga vida de la República. Durante su año y medio de vida, este Gobierno realizó la desigual labor reformista que hemos analizado en el capítulo anterior. Aunque su evolución fue sumamente estable en comparación con la de los restantes equipos ministeriales, no dejó de verse condicionada por las dificultades de los partidos que lo sostenían.

En la izquierda republicana, el mayor problema lo planteó la crisis del radical-socialismo, pero también fue en algunos momentos muy nociva la actitud de los catalanistas de la Esquerra, empeñados en una compleja negociación con el Ejecutivo sobre la transferencia de competencias estatutarias. Azaña era consciente, por otra parte, de que la colaboración socialista era eventual, como quedó patente en el XIII Congreso del PSOE, celebrado en octubre de 1932, y de que sin la reconstrucción de la Alianza Republicana sería imposible la continuidad gubernamental en caso de retirada de los socialistas. Sus llamamientos en este sentido fueron rechazados por los radicales y otras fuerzas de centro, pero condujeron a la constitución, el 23 de diciembre de 1932, de la Federación de Izquierdas Republicanas de España (FIRPE), bajo la presidencia del radical-socialista Ángel Galarza. Pero la Federación no llegó a cumplir los fines para los que había sido creada. Los partidos integrantes, que se negaron a unificar sus minorías parlamentarias, sólo contaban con un treinta por ciento de los escaños de las Cortes y, además, la FIRPE fue boicoteada por un sector del dividido radical-socialismo. Por ello, mantuvo una vida poco activa y dejó de tener virtualidad tras la ruptura del Partido Radical Socialista, en septiembre de 1933.

Por su parte, el socialismo vivió un intenso debate interno a lo largo del bienio sobre la conveniencia de mantenerse en el Gobierno. La esperanza de avanzar en la senda del reformismo social, y la coincidencia de los sectores que encabezaban Largo Caballero y Prieto sobre la necesidad de consolidar las instituciones republicanas, permitió que los Congresos celebrados por el PSOE y la UGT en 1932 se pronunciaran por el mantenimiento temporal de la colaboración, aunque con ciertas reservas. En el campo, las bases socialistas, desilusionadas por el alcance y los ritmos de la reforma agraria, comenzaron a agitarse muy pronto. Los sangrientos enfrentamientos entre guardias civiles y trabajadores ugetistas en Corral de Almaguer (Toledo), Castilblanco (Badajoz), o Arnedo (Logroño), abrieron una brecha en la confianza gubernamental, que ya no haría sino ampliarse. La moderación de las reformas apadrinadas por los ministros socialistas y su renuncia a imponerse a sus socios de coalición en algunos aspectos programáticos básicos -por ejemplo, en la reforma agraria- eran mal comprendidas por una militancia que empezaba a verse afectada por las dificultades de la economía nacional y por la radicalización de la respuesta patronal a la nueva normativa sociolaboral.

Los sucesos de Casas Viejas, cuyas consecuencias políticas salpicaron al Gobierno y a su contundente política de orden público, convencieron a muchos socialistas de que era preferible no compartir responsabilidades de poder con la burguesía republicana. Dirigentes moderados, como el líder de la FNTT, Lucio Martínez Gil, o el propio presidente de la UGT, Besteiro, se veían cada vez más impotentes para contener la escalada de protesta social en que aparecían embarcadas las bases del sindicato, que en algunos lugares llevó a una espontánea unidad de acción con anarcosindicalistas y comunistas. A lo largo de 1933, se alcanzaron los índices más altos de conflictividad laboral del período republicano. No puede descartarse en ello el hecho de que fuesen los meses más duros de la recesión económica, pero sin duda el espectacular incremento en el número de huelgas obedeció fundamentalmente al descontento de los sindicatos ante el ritmo de las reformas y las dificultades que atravesaba la colaboración entre republicanos y socialistas. Significativamente, Indalecio Prieto, hasta entonces el más firme partidario de la colaboración con los republicanos, pasó a defender en marzo de 1933 la salida pactada de los socialistas del Ejecutivo, a fin de evitar una posterior ruptura más violenta, y la formación de un Gobierno de concentración republicana, que mantendría el apoyo parlamentario del PSOE. Pero la dirección caballerista del partido, deseosa de culminar la tarea que desarrollaba en el Ministerio de Trabajo, se opuso, alegando que ello abriría paso a la derecha antirreformista.

El crispado debate sobre la Ley de Congregaciones no sólo galvanizó a la derecha, que hizo de ella una bandera de movilización popular, sino que enfrentó al católico presidente de la República con el Gobierno y, probablemente, le animó a disolver las Cortes Constituyentes. Por ello, cuando el ministro de Hacienda, Carner, abandonó su cartera por enfermedad, Alcalá Zamora pretendió utilizar lo que era un relevo ministerial puramente formal para plantear una crisis de Gabinete y desplazar a Azaña de su presidencia. Pero ni Besteiro, ni Prieto, ni Domingo aceptaron el encargo presidencial y, apoyado por sus aliados, el líder de Acción Republicana pudo forzar su continuidad, que aprovechó para dar entrada en el Gabinete formado el 12 de junio de 1933 a los federales y catalanistas de izquierda y para vencer las reticencias de los socialistas, que mantuvieron sus tres ministros.

Durante el verano, los problemas se acumularon. El Partido Radical Socialista, siempre conflictivo, entró en una fase de descomposición, que afectó a la capacidad decisoria del Gobierno. La reforma agraria mostraba graves carencias técnicas y avanzaba con demasiada lentitud. La recesión golpeaba a la economía española, en su peor momento de todo el quinquenio. Cuando, el 3 de septiembre, los partidos de la mayoría fueron derrotados por la oposición en las elecciones de vocales regionales del Tribunal de Garantías Constitucionales, quedó patente la pérdida de apoyos populares y la división en el seno del bloque gubernamental. En realidad, crecía entre los políticos de todo el arco de la izquierda republicana el deseo de desembarazarse de la colaboración socialista, cuyas imposiciones en materia social y económica les parecían a muchos excesivas. No obstante, fue Alcalá Zamora quien provocó la crisis al anunciar el día 7 que retiraba su confianza al Gobierno, lo que forzó su dimisión. Abiertas consultas, Lerroux se comprometió a construir una mayoría parlamentaria de centroizquierda republicana sin presencia socialista, y el presidente le encomendó la formación de Gobierno. Había sonado la hora de los radicales.